La propuesta plantea crear una Ley General que homologue la prevención, investigación y sanción del feminicidio en las 32 entidades, además de endurecer las penas contra quienes cometan este delito.
El combate al feminicidio podría dar un giro en México si prospera la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión. La mandataria federal envió un proyecto de Ley General con el que busca establecer un mismo marco jurídico para todo el país, cerrar diferencias entre las legislaciones estatales y castigar este delito con penas de entre 50 y 70 años de prisión.
La propuesta responde a una de las principales exigencias de colectivos de víctimas y especialistas en materia de justicia: que el feminicidio deje de investigarse bajo criterios distintos dependiendo de la entidad donde ocurrió el crimen y que todas las autoridades actúen con protocolos uniformes desde el primer momento.
Actualmente, aunque el feminicidio está tipificado en las 32 entidades federativas, las sanciones, agravantes y procedimientos de investigación presentan diferencias que, en muchos casos, terminan afectando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Con la nueva legislación, el Gobierno federal pretende establecer un piso jurídico común para que las instituciones de procuración de justicia trabajen bajo las mismas reglas.
La iniciativa contempla penas de 50 a 70 años de prisión para quienes sean declarados responsables del delito, además de sanciones económicas y medidas encaminadas a garantizar la reparación integral del daño. También incorpora disposiciones para fortalecer la coordinación entre fiscalías, instituciones de seguridad, autoridades de salud y organismos de atención a víctimas, con el propósito de evitar omisiones durante las investigaciones.
Otro de los objetivos del proyecto consiste en garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género desde el inicio de las indagatorias, evitando que la clasificación del delito dependa de interpretaciones posteriores o de deficiencias en la integración de las carpetas de investigación.
La iniciativa también pone énfasis en la protección de las víctimas indirectas, particularmente hijas, hijos y familiares de las mujeres asesinadas, quienes podrán acceder a mecanismos de atención, acompañamiento y reparación previstos en la nueva legislación.
Con esta propuesta, el Gobierno federal busca que la respuesta del Estado frente al feminicidio deje de depender de las diferencias entre códigos penales locales y se convierta en una política nacional con criterios homologados para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño causado por este delito.
El proyecto inicia ahora su proceso legislativo en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, donde deberá ser analizado, discutido y, en su caso, aprobado antes de entrar en vigor. De recibir el respaldo del Congreso, México contaría por primera vez con una Ley General especializada en feminicidio, cuyo propósito será establecer obligaciones comunes para todas las autoridades responsables de impartir justicia.
Más allá del incremento en las penas, la iniciativa abre un nuevo debate sobre la capacidad del sistema de justicia para combatir la impunidad. Diversos casos ocurridos en los últimos años han evidenciado que el principal reclamo de las familias no solo radica en endurecer los castigos, sino en garantizar investigaciones profesionales, sentencias oportunas y procesos libres de omisiones que permitan llevar a los responsables ante la justicia.
La propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum coloca nuevamente el combate al feminicidio en el centro de la agenda nacional. Ahora será el Congreso de la Unión el encargado de determinar si México avanza hacia un modelo con reglas homogéneas y sanciones más severas para uno de los delitos que mayor indignación genera en la sociedad, en un contexto donde la demanda de justicia para las víctimas continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes del Estado mexicano.
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