Proponen que la SSPC y la Sedena coordinen protocolos permanentes para impedir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos.
Ciudad de México.- El Congreso de la Unión analiza una iniciativa que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento por parte de la delincuencia organizada, mediante la creación de una estrategia nacional que articule acciones de prevención, detección, atención e investigación en todo el país.
La propuesta, presentada por el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la responsabilidad de diseñar e implementar protocolos especializados contra este fenómeno.
De acuerdo con el proyecto legislativo, los mecanismos deberán operar bajo un enfoque de protección integral de los derechos de la infancia y contemplar la participación coordinada de autoridades de seguridad, procuración de justicia, educación, salud y asistencia social.
Entre las acciones previstas destacan la implementación de sistemas de alerta temprana para identificar riesgos en comunidades, escuelas y plataformas digitales, así como la homologación de protocolos de actuación que permitan responder de manera oportuna ante posibles casos de reclutamiento de menores.
La iniciativa también propone fortalecer las labores de inteligencia e investigación para desarticular las redes dedicadas a captar niñas, niños y adolescentes, además de establecer medidas de protección, atención integral y restitución de derechos para quienes sean víctimas de este tipo de delitos.
Asimismo, contempla la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, además de mecanismos específicos para proteger a testigos y víctimas durante los procesos de investigación.
Uno de los aspectos relevantes del proyecto consiste en que el financiamiento de estos protocolos provendría, de manera prioritaria, de los recursos obtenidos mediante la extinción de dominio, el decomiso o el aseguramiento de bienes relacionados con la delincuencia organizada, con el propósito de destinar esos recursos a la protección de la niñez.
En la exposición de motivos se advierte que el reclutamiento de menores constituye una de las formas más graves de violencia y vulneración de los derechos humanos en México, al exponer a niñas, niños y adolescentes a contextos de explotación, coerción y actividades delictivas que comprometen su desarrollo integral.
El documento retoma cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las cuales estiman que alrededor de 250 mil menores de edad se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales.
También hace referencia a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que muestran un incremento del 20.6 por ciento en el número de adolescentes privados de la libertad por delitos vinculados con la delincuencia organizada entre 2023 y 2024, al pasar de 899 a mil 84 casos.
La propuesta identifica a Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Guerrero como algunas de las entidades donde las condiciones de vulnerabilidad social, la deserción escolar y la presencia de grupos criminales incrementan el riesgo de reclutamiento de menores.
Con esta reforma también se busca subsanar la ausencia de un protocolo federal específico que coordine acciones de prevención y combate contra esta problemática, pese a que la legislación vigente ya establece la obligación de proteger a la niñez frente a cualquier forma de inducción o coacción para participar en actividades delictivas.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión en la Cámara de Diputados, donde comenzará el proceso legislativo correspondiente.
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