La iniciativa plantea reconocer este derecho en la Constitución y facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Eutanasia.
Ciudad de México.- El debate sobre el derecho a decidir el final de la vida llegó nuevamente al Congreso de la Unión con la presentación de una iniciativa de reforma constitucional que propone reconocer el derecho de toda persona a una muerte digna y al acceso al procedimiento de eutanasia bajo un marco legal específico.
La propuesta fue presentada por la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien plantea modificar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar este derecho y otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en Materia de Eutanasia.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y eventual dictaminación.
La iniciativa parte del principio de que, si la Constitución reconoce el derecho de toda persona a una vida digna, también debe garantizar el derecho a una muerte digna cuando existan condiciones médicas que generen sufrimiento irreversible y la decisión provenga de la voluntad libre e informada del paciente.
En el documento se explica que la eutanasia significa, por su origen etimológico, “buena muerte” y consiste en el procedimiento realizado por un profesional de la salud para poner fin, sin dolor, a la vida de un paciente que así lo solicita, con el propósito de terminar con un sufrimiento derivado de una enfermedad o condición médica grave.
La propuesta distingue entre la eutanasia pasiva y la activa. La primera consiste en suspender o no iniciar tratamientos médicos que únicamente prolongan la vida del paciente sin posibilidades de recuperación, mientras que la segunda implica la aplicación de procedimientos o medicamentos destinados a provocar el fallecimiento de manera controlada y sin sufrimiento.
De acuerdo con la exposición de motivos, el derecho a la vida debe analizarse desde una perspectiva integral de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, reconociendo la autonomía para decidir sobre el propio proceso de morir en circunstancias excepcionales previstas por la ley.
La legisladora sostiene que la dignidad humana debe protegerse tanto durante la vida como en el momento de la muerte, por lo que considera necesario establecer un marco constitucional que permita garantizar este derecho bajo criterios médicos, legales y éticos claramente definidos.
De aprobarse la reforma, correspondería al Congreso de la Unión elaborar una Ley General en Materia de Eutanasia que establezca los procedimientos, requisitos, mecanismos de supervisión y salvaguardas para su aplicación en todo el país.
La propuesta también abre la puerta a un nuevo debate nacional sobre temas relacionados con la bioética, los cuidados paliativos, la autonomía de los pacientes y el papel del Estado en la protección de los derechos humanos al final de la vida.
El proyecto iniciará ahora su proceso legislativo en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde será analizado antes de que pueda ser discutido por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Con esta iniciativa, el Congreso suma un nuevo tema de alto impacto social y jurídico que, de avanzar, podría redefinir el marco legal sobre el derecho de las personas a decidir cómo enfrentar la etapa final de su vida.
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