Quito.- La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inrehd) de Ecuador denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) miles de casos de discriminación racial presuntamente cometidos por agentes del Estado entre 2014 y 2026, un fenómeno agravado en el contexto de militarización del país para combatir la inseguridad, según señaló a la Agencia Sputnik la abogada Diana León.
“La Fiscalía ha referido que existen varios delitos denunciados por discriminación y por delitos denunciados por discriminación y actos de odio; 1.451 denuncias por discriminación y 4.180 por odio entre 2014 y 2020; 795 y 2.305, respectivamente, entre 2020 y 2026. No son casos, son un patrón sistemático de violencia racial en contra de los pueblos y nacionalidades que están expuestos a las políticas de seguridad”, precisó la asesora legal de Inredh.
León fue una de las oradoras en la audiencia internacional sobre el impacto de las políticas de seguridad ciudadana ante la CIDH, realizada en la víspera, donde señaló que de esos miles de casos, solo 119 llegaron a juicio y sólo tres se reconocen con afectados entre los pueblos y nacionalidades.
León describió que este perfilamiento racial, como parte fundamental de las desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ha ido escalando en proporción a partir de los estados de excepción establecidos en el país, fomentado con la declaratoria del conflicto interno armado y con el decreto 424, que permite el accionar de agentes extranjeros en la presunta lucha contra el enemigo interno y las bandas criminales.
CASOS EMBLEMÁTICOS DE DENUNCIAS POR RACISMO
La asesora de Inrehd señaló que desde la Fundación se abordan varios casos emblemáticos de perfilamiento racial que han sido judicializados, aunque no todos cuentan con una respuesta oportuna del Estado.
En el listado está Andrés Padilla, fallecido tras un disparo en su espalda, en un operativo policial el 23 de agosto de 2018 en Mascarilla, provincia de Imbabura (norte).
“En el proceso ordinario se generó y se declaró la inocencia de David Velasteguí, el agente de policía (que disparó contra Padilla)”, precisó.
Luego la organización presentó una acción judicial de protección ante la Corte Constitucional, el máximo órgano de administración de justicia, en el que han “abordado la problemática del uso de la fuerza por parte de los agentes de policía; los estándares internacionales de los mismos, el principio de interculturalidad, al aplicarse al conocer un caso de una persona afrodescendiente”.
“Fue admitido en el año 2025 y estamos a la espera de una decisión judicial”, afirmó.
Otro caso es el de Carlos Méndez, afroecuatoriano agredido por agentes de control metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de marzo de 2024, cuando se dirigía a una parada de bus de camino a su trabajo.
Méndez fue golpeado y ofendido por sus agresores con palabras alusivas a su color de piel; un hecho respecto al cual la sentencia dio paso a un protocolo de actuación para estos funcionarios, a fin de evitar su repetición.
Añadió el nombre de Christopher Santacruz, afrodescendiente abordado por miembros de las Fuerzas Armadas, el 23 de mayo de 2023, en un operativo en un terminal de buses tras ser señalado por su color de piel, por lo cual Inredh señala el delito de abuso de poder de la fuerza pública en un acto racista, hecho remitido al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU.
El cuarto caso es el de Jimmy Ocles, otro afrodescendiente detenido el 10 de diciembre de 2021 y golpeado por dos agentes vestidos de civil, mientras se disponía a sacar dinero en una entidad bancaria, y posteriormente detenido.
Ocles acudió a la CIDH a presentar su caso, el cual se encuentra a espera de la audiencia de juicio en la cual se determinará si las personas que le perfilaron y violentaron cometieron el delito de actos de odio racial.
“Estamos a la espera de la audiencia; han pasado más de cinco años a la espera de su juicio”, indicó.
CUESTIONAMIENTOS AL ESTADO
En la sesión de la CIDH se abordó el impacto de las políticas de seguridad en el Ecuador y del perfilamiento racial a personas de color en el contexto de graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la abogada reveló que no existen estadísticas oficiales desagregadas de estos casos en los órganos de justicia sobre autoidentificación étnica, ni sobre quiénes cometieron estos delitos y a dónde pertenecen.
“Lo que esperamos y estimamos es que (la CIDH) pueda hacer un monitoreo profundo de la situación de derechos humanos en el Ecuador y lo pedimos en tres niveles: en el material, para que revisen a fondo el contenido y los efectos de las políticas de seguridad, porque no todo vale en el nombre de la lucha contra la inseguridad. En el formal, para que constaten que las organizaciones pueden ejercer su legítimo derecho a exigir y promover derechos sin restricciones al espacio cívico, sin trabas ni amedrentamientos”, asintió.
Y completó: “en el nivel de la justicia y la no represión, para que la CIDH pueda dar fe de que no hay injerencia en los tribunales y que los defensores de derechos humanos no somos criminalizados por cumplir con nuestra labor, porque una crisis de esta magnitud no se resuelve con discursos, se resuelve con verdad, con observación internacional y con garantías efectivas”.
Señaló que, en marzo pasado, el Estado no se presentó en una sesión que tuvo lugar en este espacio internacional adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), y en esta reunión del lunes acudieron dos técnicas, cuya experticia cuestionó.
“En esta ocasión asistieron dos personas como representantes del Estado que no tenían conocimiento expreso ni técnico de la situación real de los derechos humanos y el impacto de las políticas de seguridad para la ciudadanía en general ni para los afrodescendientes”, dijo.
No obstante, indicó que ambas técnicas refirieron un avance y un compromiso del Estado a trabajar contra el racismo y la discriminación”, apuntó.
Por otra parte, Inredh interpuso una acción de protección contra el Estado ecuatoriano por lo que se ha denominado “etnocidio estadístico”, ya que en el más reciente censo la población afrodescendiente bajó del 7,2 al 4,8 del total nacional.
“A la fecha no hemos tenido una decisión positiva por parte del Estado. Ha sido negada la acción de que no existe un racismo estructural en la aplicación de estas estadísticas”, acotó.
León indicó que Inrehd ha dado visibilidad a esta situación ante organismos como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial creado por la ONU y la red de grupos civiles denominada Organización Mundial Contra la Tortura, lo cual ha demandado algunas respuestas del Estado.
Entre las acciones logradas mencionó acercamientos para capacitar a miembros de la Policía Nacional y a peritos de criminalística para la elaboración de informes, pero insistió en que estas acciones no han sido suficientes como para luchar con todo el aparato estatal de racismo y discriminación. (Sputnik)
Fuente:https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://acnudh.org/
eitmedia.mx
