La iniciativa busca modificar la Constitución para regular el costo de hospitales, servicios médicos y seguros de gastos médicos mayores; plantea además mayor transparencia y competencia en el sector
Ciudad de México.— El costo de atender una enfermedad o contar con un seguro de gastos médicos mayores podría quedar sujeto a nuevas reglas si avanza una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el legislador panista Miguel Ángel Monraz Ibarra.
La propuesta plantea modificar los artículos 4º, 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de salud y establecer límites al incremento de los precios de servicios médicos privados, hospitalarios y seguros de salud.
El planteamiento central establece que los aumentos en los precios relacionados con la prestación de servicios médicos, hospitalarios y seguros privados no podrían superar el incremento de la inflación.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde deberá iniciar su proceso legislativo antes de que pueda avanzar hacia una eventual discusión y votación en el Pleno.
De acuerdo con el proyecto, el Sistema Nacional de Salud tendría que integrar la participación de los sectores público, social y privado bajo un principio de responsabilidad social, con el propósito de garantizar un acceso más equitativo a la atención médica.
Uno de los puntos de mayor impacto para los usuarios se encuentra en el mercado de seguros de gastos médicos mayores.
La propuesta establece que los incrementos en las primas deberán guardar una relación proporcional con las mejoras en la cobertura contratada, independientemente de la edad de la persona asegurada.
Con ello, el legislador busca modificar una de las principales preocupaciones de quienes cuentan con este tipo de pólizas: los aumentos en el costo de las primas que, en determinados casos, pueden representar una carga económica considerable para las familias.
El proyecto también contempla un escenario especial para las emergencias sanitarias. En caso de que una emergencia sea declarada conforme a la legislación vigente, el Estado podría establecer medidas regulatorias extraordinarias sobre los incrementos aplicables a las primas de seguros médicos.
La iniciativa no se limita a establecer controles sobre los precios. También pretende incorporar obligaciones para que el mercado privado de salud opere bajo condiciones de competencia efectiva, transparencia y protección a los consumidores.
En ese sentido, propone que el Estado garantice que las empresas dedicadas a la prestación privada de servicios médicos y al aseguramiento mantengan su actividad bajo criterios de responsabilidad social y protección del derecho a la salud.
Otro de los objetivos es evitar distorsiones en la determinación de los precios de consultas, tratamientos, hospitalización y otros servicios médicos privados, así como en las primas de los seguros de gastos médicos mayores.
Para ello, el proyecto plantea que las leyes secundarias establezcan mecanismos regulatorios específicos que permitan vigilar la formación de precios y proteger tanto a los usuarios como el interés público.
Monraz Ibarra argumenta en su exposición de motivos que el crecimiento del mercado de seguros médicos ha estado acompañado por un aumento sostenido en los costos de la atención médica y, paralelamente, por incrementos en las primas de las pólizas.
El diputado considera que esta situación ha generado preocupación entre usuarios, especialistas y legisladores, particularmente por el impacto que representa para quienes dependen de un seguro privado para enfrentar enfermedades, accidentes o tratamientos de alto costo.
La iniciativa busca, por ello, colocar en la Constitución principios que permitan establecer un mayor equilibrio entre el desarrollo de la industria privada de salud y la obligación del Estado de proteger el derecho de las personas a recibir atención médica.
En caso de que la reforma constitucional avance, el Congreso de la Unión tendría un plazo máximo de 12 meses para adecuar diversas leyes secundarias, entre ellas las relacionadas con instituciones de seguros y fianzas, contratos de seguros, protección a usuarios de servicios financieros, salud y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
El proyecto representa así un intento por llevar al ámbito constitucional una discusión que durante años ha generado controversia: hasta dónde puede llegar la regulación del Estado sobre los precios de servicios médicos privados y seguros sin afectar la operación y competencia del sector.
Por ahora, la propuesta deberá recorrer el proceso legislativo correspondiente y ser analizada por los integrantes de la Cámara de Diputados.
El debate que viene será particularmente relevante para millones de personas que recurren a servicios médicos privados o mantienen una póliza de gastos médicos mayores y que, ante el aumento constante de los costos, enfrentan cada vez mayores dificultades para conservar su cobertura.
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