Ciudad de México.— La diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un informe sobre su participación en el 70.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CSW70), realizado en Nueva York del 15 al 18 de marzo.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora expuso que el eje prioritario de la reunión internacional fue garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para mujeres y niñas, mediante sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, así como eliminar leyes, políticas y prácticas discriminatorias y atender las barreras estructurales que persisten.
Rejón Lara sostuvo que su participación le permitió observar la distancia que, desde su perspectiva, todavía existe entre los compromisos internacionales asumidos por México y las condiciones que enfrentan en la práctica muchas mujeres.
La diputada señaló que el problema no necesariamente radica en la ausencia de legislación, sino en las dificultades que existen para hacer cumplir las normas y garantizar que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia.
En su informe cuestionó la falta de capacitación en algunas instituciones, los procesos que pueden generar revictimización y los casos que permanecen sin resolución, situaciones que, consideró, evidencian una brecha entre el derecho establecido en las leyes y el derecho que viven las víctimas.
La legisladora también incorporó en su análisis las preocupaciones expresadas por representantes juveniles durante el encuentro internacional, particularmente en torno a la violencia digital.
De acuerdo con su planteamiento, las nuevas formas de agresión mediante plataformas digitales han avanzado más rápido que la capacidad de respuesta de los sistemas jurídicos, dejando a mujeres y niñas expuestas a conductas como acoso, extorsión mediante imágenes y otras formas de violencia que requieren mecanismos de atención y protección más eficaces.
Otro de los temas abordados fue el trabajo de cuidados y su relación con la desigualdad.
Rejón Lara consideró que los sistemas jurídicos y laborales que no reconocen adecuadamente el trabajo de cuidados pueden contribuir a mantener las brechas existentes, por lo que planteó la necesidad de revisar disposiciones contenidas en leyes laborales, civiles y de seguridad social.
La diputada también destacó el papel que desempeñan organizaciones comunitarias y de base en lugares donde la presencia institucional resulta insuficiente.
En su análisis cuestionó si las instituciones públicas están aprovechando las experiencias de estas organizaciones para mejorar sus mecanismos de atención o si simplemente terminan tolerando su existencia porque cubren necesidades que el Estado no ha logrado atender de manera suficiente.
A partir de las conclusiones de su participación en la CSW70, Rejón Lara planteó una serie de acciones que, desde su perspectiva, deberían traducirse en trabajo legislativo.
Entre ellas se encuentra la creación de mecanismos que permitan evaluar de manera sistemática la aplicación de las leyes relacionadas con la violencia de género, no solamente medir cuántas reformas o normas han sido aprobadas.
La legisladora propuso que el Congreso pueda establecer indicadores verificables para conocer los resultados de las políticas públicas y vincular la asignación presupuestaria con el cumplimiento de objetivos concretos.
También planteó una reforma integral para reconocer legalmente el trabajo de cuidados y trasladar los compromisos asumidos en foros internacionales a ordenamientos nacionales como la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil.
Otro de los puntos que consideró prioritarios corresponde a la violencia digital, al advertir que existen iniciativas que permanecen en proceso legislativo mientras las conductas que buscan atender continúan afectando a mujeres.
En materia de salud mental, Rejón Lara señaló la necesidad de incorporar de manera operativa la perspectiva de género y protocolos de atención al trauma para mujeres que han vivido situaciones de violencia.
Para la legisladora, estos cambios también requerirían recursos específicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El informe también contiene una crítica a la manera en que el Congreso organiza la participación de sus integrantes en foros internacionales.
Rejón Lara consideró que la asistencia parlamentaria debería contar con una preparación previa que incluya la revisión de compromisos internacionales adquiridos por México, el análisis de aquellos que no se han cumplido y una estrategia de vinculación con delegaciones parlamentarias y organismos nacionales.
En ese sentido, señaló la necesidad de establecer una coordinación más articulada con la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Desde su perspectiva, acudir a un foro internacional sin una estrategia legislativa previa puede reducir la participación a un acto meramente representativo, sin que necesariamente se traduzca en resultados dentro del Congreso.
La diputada concluyó su informe con un llamado a transformar las conclusiones obtenidas en acciones legislativas concretas.
Más allá de los compromisos internacionales y de los encuentros realizados en Nueva York, sostuvo que el verdadero reto se encuentra en regresar al trabajo legislativo y enfrentar las decisiones relacionadas con presupuestos, iniciativas pendientes y mecanismos institucionales que permitan convertir esos compromisos en políticas efectivas.
El documento coloca así sobre la mesa una serie de pendientes relacionados con acceso a la justicia, violencia digital, trabajo de cuidados, salud mental y evaluación de las políticas públicas dirigidas a mujeres y niñas, temas que la legisladora considera deben pasar del discurso internacional a cambios concretos dentro del marco jurídico mexicano.
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