La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) llamó a las autoridades estatales a garantizar transparencia, información suficiente y certeza administrativa en los procedimientos relacionados con la asignación y entrega de recursos públicos destinados a las organizaciones de la sociedad civil.
El organismo estatal fijó su postura luego de las manifestaciones públicas realizadas por distintas organizaciones, que han expresado preocupación por la entrega de recursos correspondientes al ejercicio fiscal vigente y por las posibles consecuencias que un retraso pudiera generar en la continuidad de sus programas y servicios.
La CEDHNL reconoció el papel que las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado históricamente en Nuevo León, particularmente en la atención y acompañamiento de personas y comunidades que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Entre los sectores que reciben apoyo de estas organizaciones se encuentran niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas y familias que enfrentan condiciones de pobreza, entre otros grupos considerados de atención prioritaria.
El organismo señaló que el trabajo de estas asociaciones complementa las acciones de las instituciones públicas, al tiempo que fortalece la participación ciudadana y permite ampliar la capacidad de atención a personas que requieren distintos tipos de apoyo.
Piden claridad en la entrega de recursos
Ante este escenario, la Comisión hizo un llamado para que los procedimientos relacionados con los recursos públicos destinados al fomento de las organizaciones civiles se desarrollen conforme al marco jurídico vigente.
La CEDHNL consideró necesario que las autoridades proporcionen información clara respecto a los procesos administrativos y los plazos establecidos, con el objetivo de evitar incertidumbre entre las organizaciones que dependen de estos recursos para mantener sus actividades.
La preocupación central radica en que una suspensión o retraso en la entrega del financiamiento puede repercutir directamente en la operación de proyectos y programas dirigidos a sectores que requieren atención permanente.
Para el organismo defensor de los derechos humanos, la continuidad de estos servicios no debe perderse de vista dentro de las decisiones relacionadas con la política financiera estatal.
El impacto llega a sectores vulnerables
La Comisión advirtió que las consecuencias de un retraso en los recursos no necesariamente se quedan en el ámbito administrativo de las propias organizaciones.
Cuando una asociación suspende o reduce sus actividades por falta de financiamiento, las personas beneficiarias pueden quedar sin acompañamiento, atención, asesoría o servicios que en determinados casos resultan fundamentales para el ejercicio de sus derechos.
Por ello, la CEDHNL sostuvo que garantizar la continuidad y sustentabilidad de estos esfuerzos representa un elemento necesario para proteger los derechos fundamentales de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
El organismo señaló que mantendrá una postura vigilante sobre el desarrollo de la situación y reiteró su llamado al diálogo entre las partes involucradas.
La Comisión planteó además la necesidad de privilegiar la certidumbre administrativa y colocar los derechos humanos como un elemento central en las decisiones relacionadas con el manejo y aplicación de los recursos públicos.
Más allá de la discusión sobre los procedimientos administrativos, el llamado de la CEDHNL coloca nuevamente sobre la mesa la importancia de que los apoyos públicos destinados a las organizaciones civiles cuenten con reglas claras, información oportuna y procesos transparentes.
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