El diputado federal de Morena, Julio César Moreno Rivera, propuso reformar la Ley General de Cambio Climático para establecer que los recursos destinados a las acciones de adaptación y mitigación no puedan disminuir, en términos reales, respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal inmediato anterior.
La iniciativa plantea modificar el artículo 7, fracción XXIV, para que la Federación no solo elabore y proponga las previsiones presupuestales destinadas a enfrentar los efectos del cambio climático, sino que además garantice una base mínima de financiamiento para estas políticas.
De acuerdo con la propuesta, los recursos asignados anualmente para adaptación y mitigación deberán mantenerse, al menos, en el mismo nivel real del presupuesto aprobado el año anterior. La determinación de dichos recursos tendría que realizarse de manera coordinada con las dependencias competentes.
Moreno Rivera argumentó que México enfrenta una exposición cada vez mayor a fenómenos relacionados con el cambio climático, entre ellos sequías, inundaciones, huracanes, pérdida de biodiversidad, estrés hídrico y afectaciones a la producción agrícola y a la infraestructura pública.
Ante este escenario, consideró necesario pasar de una estrategia enfocada principalmente en atender las consecuencias de estos fenómenos a una política con mayor énfasis en la prevención y reducción de riesgos.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, sostiene que la legislación vigente reconoce como atribución de la Federación elaborar y proponer previsiones presupuestales para la adaptación y mitigación, pero no establece parámetros mínimos que permitan garantizar la continuidad de los recursos.
Buscan evitar recortes al presupuesto climático
El legislador señaló que mantener el presupuesto, en términos reales, respecto al ejercicio anterior permitiría dar mayor estabilidad financiera a las políticas climáticas y evitar que la reducción de recursos o los efectos de la inflación disminuyan la capacidad del Estado para desarrollar acciones de mediano y largo plazo.
La propuesta también busca involucrar a las dependencias competentes en la definición de los recursos necesarios, con la finalidad de mejorar la planeación y conocer con mayor precisión el destino del gasto público.
Según la exposición de motivos, este mecanismo permitiría fortalecer la transparencia, facilitar la evaluación de resultados y mejorar la rendición de cuentas sobre los recursos destinados a las acciones de adaptación y mitigación.
Moreno Rivera sostuvo que la reforma responde a la necesidad de consolidar una gestión integral del riesgo climático, privilegiando medidas preventivas antes de que los impactos se materialicen.
La propuesta también plantea fortalecer las atribuciones del Estado en materia climática y garantizar la continuidad del financiamiento de la política nacional de adaptación y mitigación.
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