La organización señala que el espacio “Derecho de Réplica” de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó una supuesta red de amplificación digital sin explicar la metodología utilizada y advierte que el Estado no debe utilizar recursos públicos para clasificar o desacreditar voces críticas.
Ciudad de México.— El uso de recursos y capacidades del Estado para monitorear, clasificar y señalar a periodistas, medios de comunicación, analistas y usuarios de redes sociales representa un riesgo para la libertad de expresión, advirtió ARTICLE 19 México y Centroamérica, al cuestionar el ejercicio presentado el pasado 12 de agosto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
En un posicionamiento fechado el 16 de agosto, ARTICLE 19 expresó su preocupación por el uso del espacio denominado “Derecho de Réplica”, encabezado por la titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde Luján, como un mecanismo para observar y calificar la conversación pública.
La organización señaló que durante esa presentación se expuso un análisis sobre una supuesta “red de amplificación digital” en la que fueron incluidos periodistas, comentaristas, analistas políticos, opositores al gobierno y presuntas cuentas anónimas en redes sociales. De acuerdo con ARTICLE 19, la presentación no explicó de manera suficiente la metodología técnica ni los criterios empleados para determinar que existía una acción organizada entre las cuentas señaladas.
La organización recordó que el espacio gubernamental ha sido presentado como una herramienta para combatir la desinformación y defender el derecho de la sociedad a recibir información, opiniones e ideas diversas.
Sin embargo, sostuvo que combatir la desinformación no debe traducirse en mecanismos de censura, prohibiciones ambiguas o prácticas de señalamiento desde el poder público. En su lugar, planteó que el Estado debe privilegiar la transparencia, el acceso a información plural y el fortalecimiento del debate público.
ARTICLE 19 advierte sobre estigmatización a periodistas
Uno de los principales señalamientos de la organización se refiere al riesgo de estigmatización de quienes ejercen el periodismo.
ARTICLE 19 recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre las campañas de estigmatización y hostigamiento contra periodistas en distintos países de la región, debido a que este tipo de discursos puede contribuir a generar ambientes de hostilidad e intolerancia.
La organización consideró que ejercicios como el realizado por la CJEF pueden provocar que periodistas y ciudadanos reduzcan su participación en el debate público por temor a ser exhibidos o señalados desde una tribuna institucional.
También cuestionó que el Gobierno destine recursos públicos, personal y tiempo al monitoreo de conversaciones en internet para clasificar como “inorgánicos” determinados mensajes críticos.
Señala incremento de ataques en redes
ARTICLE 19 sostuvo además que este tipo de señalamientos puede tener consecuencias fuera del ámbito estrictamente político.
La organización indicó que, después de la presentación de las listas, aumentaron los mensajes intimidantes dirigidos contra periodistas y medios mencionados en ellas, acompañados de expresiones como “Prensa Vendida”, “Chayotero Mercenario” y “Medios Sicarios”.
También recordó los señalamientos que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH realizó desde 2021 respecto de espacios gubernamentales utilizados para exhibir a periodistas, al advertir que una plataforma revestida de la autoridad del Estado puede contribuir a generar un ambiente permisivo para agresiones contra comunicadores y defensores de derechos humanos.
El señalamiento adquiere una dimensión adicional en el caso de las mujeres periodistas. ARTICLE 19 puso como ejemplo los ataques dirigidos contra Carmen Aristegui y sostuvo que la violencia digital contra mujeres comunicadoras puede incorporar componentes sexistas y misóginos. Asimismo, citó información de UNESCO según la cual casi 73 por ciento de las mujeres periodistas encuestadas había experimentado violencia en línea relacionada con su trabajo.
Pide neutralidad del Estado frente a la crítica
ARTICLE 19 sostuvo que la libertad de expresión protege, en principio, los discursos independientemente de que resulten aceptados o incómodos para las autoridades.
Con base en criterios de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que las expresiones relacionadas con asuntos de interés público y aquellas dirigidas contra el Estado cuentan con una protección particularmente relevante, por lo que los funcionarios deben mantener un mayor nivel de tolerancia frente a la crítica.
La organización consideró que esto reduce el margen para que las autoridades intervengan en el debate político o utilicen mecanismos que puedan convertirse en formas de censura indirecta.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es precisamente la falta de evidencia técnica que, según ARTICLE 19, acompañe las afirmaciones sobre la existencia de redes coordinadas para impulsar determinadas narrativas contra el Gobierno.
La organización sostuvo que señalar la existencia de estructuras coordinadas sin presentar datos, metodología o evidencia verificable puede terminar contribuyendo a la desinformación que las propias autoridades dicen combatir.
Cuestiona facultades de la Consejería Jurídica
ARTICLE 19 también puso bajo la lupa las atribuciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con el posicionamiento, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que las funciones de la CJEF están principalmente relacionadas con la asesoría y el apoyo técnico-jurídico a la Presidencia, así como con asuntos legislativos, reglamentarios, tratados internacionales y otros actos jurídicos del Ejecutivo.
Por ello, la organización consideró cuestionable que la Consejería haya asumido funciones relacionadas con el monitoreo de la conversación pública y la clasificación de contenidos como verdaderos o falsos.
El debate planteado por ARTICLE 19 no se limita, por tanto, a la forma en que fueron presentados los nombres y cuentas en redes sociales, sino que alcanza el uso de recursos públicos y las atribuciones institucionales empleadas para realizar ese seguimiento.
La organización cerró su posicionamiento con una advertencia: mientras se amplíen las capacidades del Estado para monitorear el discurso público sin transparentar las metodologías utilizadas ni la evidencia obtenida, este tipo de acciones puede generar efectos inhibitorios y fomentar la autocensura en internet.
La postura de ARTICLE 19 coloca nuevamente sobre la mesa el límite entre el combate a la desinformación y la intervención del Estado en la conversación pública. El punto central, según la organización, no es impedir que las autoridades respondan a información que consideren falsa, sino garantizar que esa respuesta no se convierta en un mecanismo para identificar, desacreditar o intimidar a quienes ejercen su derecho a cuestionar al poder.
Fuente: ARTICLE 19 México y Centroamérica
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