El país del “es normal”: bombas, huesos y políticos que nunca saben nada
BOM.
Un coche bomba explota en Zacatecas.
Hay heridos, daños, movilización de fuerzas federales y estatales, y un país que debería estar preguntándose cómo demonios llegamos hasta aquí.
Pero aparece Ricardo Monreal y nos dice que es “normal”.
Ahí está el problema.
No, señor Monreal: un coche bomba no es normal.
No es normal que grupos criminales tengan capacidad para utilizar explosivos y hacerlos detonar frente a instalaciones policiales. No es normal que la violencia alcance estos niveles. Y mucho menos es normal que un político pretenda tranquilizarnos explicando que semejante barbaridad es simplemente una reacción al combate contra la delincuencia.
Qué comodidad.
Cuando explota una bomba, resulta que debemos entender al delincuente porque está reaccionando.
Cuando hay violencia, debemos aceptar que es consecuencia de que se está combatiendo frontalmente al crimen.
Cuando hay heridos, parece que también debemos asumirlo como parte del proceso.
Pues no.
Y mientras el país espera respuestas, la Presidenta Claudia Sheinbaum decide que hoy la mañanera puede dedicarse al regreso a clases y a “El ABC de las emociones”.
¿Un coche bomba en Zacatecas?
Silencio.
Aquí es donde la frivolidad política vuelve a aparecer.
Porque mientras los grupos criminales utilizan métodos que ya podemos llamar terrorismo doméstico —explosivos, ataques contra autoridades y violencia destinada a generar miedo—, desde Palacio Nacional se prefieren temas que no vienen al caso antes que llamar a las cosas por su nombre.
México necesita saber qué está haciendo el Estado frente a este nivel de violencia.
No necesita que le expliquen cómo manejar sus emociones mientras explota un coche bomba.
Y mientras en Zacatecas explota una bomba, en Nuevo León tenemos nuestra propia versión del espectáculo político.
Morena no pudo ponerse de acuerdo.
Horas de reuniones, negociaciones y posiciones encontradas hasta que tuvo que intervenir la dirigencia nacional para decidir quién conduciría a la bancada.
El elegido fue Tomás Montoya.
Bienvenido sea el nuevo coordinador.
Pero la pregunta no es si tiene capacidad para ocupar el cargo.
La pregunta es mucho más incómoda:
¿De qué sirve hablar de autonomía y democracia interna si, cuando los diputados no pueden ponerse de acuerdo, desde la dirigencia nacional terminan diciendo quién manda?
En política le llaman institucionalidad.
Los ciudadanos quizá le llamen de otra manera.
Y justo cuando Morena acomoda sus piezas, Samuel García enfrenta otro episodio en su interminable batalla con el Congreso.
La Suprema Corte vuelve a entrar al tablero por la controversia relacionada con los vetos del gobernador.
Aquí tampoco vamos a regalarle a nadie una victoria que todavía no existe.
El Gobierno de Nuevo León sostiene que los vetos continúan vigentes y que el Congreso no alcanzó la mayoría calificada necesaria para desecharlos.
Entonces esperemos la resolución.
Pero algo sí queda claro: el pleito entre Ejecutivo y Legislativo está lejos de terminar.
Y mientras ellos se pelean por decretos, mayorías, vetos y facultades, el ciudadano observa cómo sus representantes convierten el Congreso en otro campo de batalla.
Y todavía nos faltaba el regreso.
Enrique Inzunza volvió al Senado después de 124 días.
Ciento veinticuatro.
Y regresó asegurando que es inocente y calificando las acusaciones en su contra como un asunto político.
Tiene derecho a defenderse.
Por supuesto.
Tiene derecho a decir que es inocente.
También.
Pero nadie puede pedirle a la sociedad que deje de hacer preguntas.
Porque cuando existe una investigación y además aparecen señalamientos provenientes de Estados Unidos, lo mínimo que corresponde es que las autoridades investiguen y que las respuestas lleguen por la vía institucional.
No mediante discursos.
No mediante descalificaciones.
No mediante el viejo recurso de convertir todo en persecución política.
Y aquí volvemos al mismo libreto.
“Es político”.
“Es mediático”.
“Es una persecución”.
“Soy inocente”.
Puede ser.
Que lo determine la justicia.
El problema es que en México cada escándalo parece tener el mismo final: nadie sabe nada, nadie hizo nada, todo es político y la ciudadanía debe esperar.
