A un mes de haber hecho público su reclamo por la falta de entrega de recursos comprometidos, 55 organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León volvieron a reunirse para documentar las afectaciones que enfrentan y definir nuevas acciones ante la incertidumbre que persiste sobre los apoyos correspondientes a 2025 y 2026.
El encuentro, encabezado por Consejo Cívico, permitió a las organizaciones compartir experiencias y exponer cómo el retraso en los recursos ha repercutido en programas, servicios y comunidades que dependen de su trabajo.
Durante la reunión, Tatiana Fraga, directora de Consejo Cívico, presentó una línea del tiempo con los principales acontecimientos relacionados con el Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil desde diciembre de 2024.
La cronología expuesta incluyó convocatorias suspendidas, recursos anunciados y entregados de manera parcial, pagos pendientes, convocatorias correspondientes a 2026 cuyos resultados todavía no han sido publicados y espacios institucionales de diálogo que dejaron de sesionar con regularidad.
Consejo Cívico explicó que el seguimiento comenzó desde octubre de 2025, cuando realizó llamadas a distintas organizaciones para conocer su situación y detectó que los recursos comprometidos no habían sido entregados completamente.
A partir de entonces se llevaron a cabo distintas acciones públicas. Entre ellas estuvo la rueda de prensa del 4 de agosto, en la que participaron 35 organizaciones, así como un desplegado publicado el 13 de agosto y respaldado por 83 organizaciones, cámaras empresariales y universidades.
El 27 de agosto, Consejo Cívico también envió un oficio y una carta a Yireth Mendoza Zamora, subsecretaria de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, para invitarla formalmente a participar en un encuentro conjunto con las organizaciones.
De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, desde la oficina de la funcionaria se manifestó disposición para sostener reuniones individuales con las organizaciones, pero no se aceptó participar en un espacio colectivo de diálogo.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la participación de Marco Amaya, presidente de yCo. Centro de Fortalecimiento, quien escuchó directamente los testimonios de representantes de las organizaciones sobre las dificultades generadas por la falta de recursos.
Hugo Ramírez, director de Recaudación de Fondos y Relaciones Públicas de Nuevo Amanecer, organización que brinda atención integral a niñas, niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, explicó que el impacto de los recursos pendientes va más allá del porcentaje que representan dentro de los ingresos de cada institución.
“Más allá de lo que represente [en porcentaje de recursos para operación] para cada organización, […] al final del día, es el 30% de darle servicios, en el caso de Nuevo Amanecer, a niños y niñas con parálisis cerebral, que son de Nuevo León, que tienen 48 años que el instituto está atendiendo”, expresó.
Ramírez también llamó a mantener el reclamo desde una perspectiva colectiva y sostuvo que el cumplimiento de los recursos está relacionado con el ejercicio de derechos.
“Es una exigencia de derechos pero tenemos que pensar en lo colectivo”, afirmó.
Otra de las voces durante el encuentro fue la de Carmen Farías, fundadora de Zihuame Mochilla A.C., organización dedicada al desarrollo de personas y comunidades indígenas mediante proyectos autogestivos.
Farías señaló que desde 2003 la organización ha recibido respaldo de distintas instituciones y gobiernos, pero aseguró que es la primera ocasión en que enfrenta un incumplimiento de un compromiso que, según dijo, había sido formalizado.
“Es la primera vez compromiso firmado, trabajo realizado que alguien no cumple su compromiso”, manifestó.
La representante de Zihuame Mochilla también llamó a las organizaciones a mantener una postura conjunta frente a la situación y a exigir el cumplimiento de los recursos.
“Lo peor es callar por miedo”, señaló, al tiempo que sostuvo que las organizaciones no están solicitando un favor, sino ejerciendo un derecho.
El impacto de la falta de recursos también fue resumido por Mariaurora Mota, directora de Género, Ética y Salud Sexual A.C. (GESSAC), quien señaló que aunque los derechos se encuentran establecidos en la legislación, existen dificultades para hacerlos efectivos.
“Sí es cierto, tenemos en la ley los derechos pero en la práctica no”, expresó.
Como siguiente paso, Consejo Cívico anunció que elaborará una relatoría con la información y los testimonios recabados durante la reunión, misma que será compartida con las autoridades para documentar de manera concreta la situación expuesta por las organizaciones.
También se informó que la autoridad estatal abrirá un enlace específico para dar seguimiento individual a los casos de las organizaciones.
Paralelamente, Consejo Cívico solicitará formalmente una audiencia pública con la Secretaría de Igualdad e Inclusión y la Tesorería estatal, con el objetivo de establecer un mecanismo de participación ciudadana para revisar los compromisos pendientes.
La petición se suma a las acciones que las organizaciones han emprendido para exigir claridad sobre los recursos de 2025 y conocer los resultados de las convocatorias correspondientes a 2026.
De acuerdo con información difundida tras el encuentro, al corte de abril de 2026 los recursos pendientes ascendían a 88.5 millones de pesos para 143 asociaciones, mientras que para este año existen 229 millones de pesos contemplados en el presupuesto, algunos correspondientes a procesos que ya fueron dictaminados pero cuyos resultados aún no habían sido publicados.
Consejo Cívico y las 55 organizaciones participantes plantearon como prioridades concluir la entrega de los recursos comprometidos de 2025, publicar los resultados de las convocatorias de 2026 y avanzar en la asignación y entrega de los apoyos conforme a las disposiciones legales y reglas aplicables.
También solicitaron recuperar los espacios institucionales de diálogo y establecer condiciones que permitan dar continuidad a la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno de Nuevo León.
El reclamo, señalaron las organizaciones, no se limita a los recursos como cifras presupuestales, sino al impacto que su retraso tiene sobre los programas y servicios que prestan directamente a la población.
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