El diputado federal Christian Mishel Castro Bello, del PRI, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y establecer como traición a la patria determinadas conductas de servidores públicos relacionadas con la delincuencia organizada, actos de corrupción y el uso ilegal de recursos públicos.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, plantea adicionar las fracciones XVI y XVII al artículo 123 del Código Penal Federal para incorporar como supuesto de traición a la patria que un servidor público sea responsable de delitos vinculados con delincuencia organizada en materia de delitos contra la salud, contrabando de hidrocarburos, secuestro o extorsión, así como cuando utilice recursos provenientes de esas actividades para el desarrollo de su actividad política.
En esos casos, además de las sanciones correspondientes por los delitos cometidos, la iniciativa propone aplicar la pena máxima contemplada en el artículo, de 40 años de prisión, así como una multa equivalente a seis años del salario que el servidor público percibía en el cargo del que habría obtenido provecho para desarrollar sus actividades delictivas.
El proyecto también busca considerar como traición a la patria los casos en que un servidor público incurra en responsabilidades administrativas y penales derivadas de actos de corrupción relacionados con la distracción, ejercicio u otorgamiento ilegal de recursos públicos, ya sea para beneficio propio o de terceros.
La misma disposición se aplicaría cuando el funcionario no pueda acreditar de manera legítima un incremento en su patrimonio. Para estos casos, Castro Bello propone igualmente una pena de hasta 40 años de prisión y una multa equivalente al monto de los recursos involucrados en el hecho ilegal o al incremento patrimonial que no haya podido ser comprobado.
La iniciativa contempla además a los particulares que obtengan un beneficio derivado de esas conductas. De acuerdo con la propuesta, además de las sanciones administrativas y penales que correspondan conforme a la legislación vigente, podrían enfrentar la misma penalidad y una multa de hasta 70 por ciento del beneficio obtenido.
En la exposición de motivos, el legislador priista señala que la reforma tiene como uno de sus objetivos contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en el servicio público, mediante sanciones más severas contra quienes utilicen un cargo público para establecer vínculos con organizaciones criminales.
El planteamiento también busca incluir dentro de esta figura penal los actos de corrupción relacionados con recursos públicos utilizados ilegalmente y los incrementos patrimoniales que no puedan ser acreditados de manera legítima.
Como antecedente, Castro Bello menciona diversos casos de presunto uso irregular de recursos públicos registrados en los últimos años y señala particularmente el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
La propuesta sostiene que la responsabilidad no debe limitarse a los servidores públicos que obtengan directamente un beneficio de este tipo de operaciones, sino extenderse a particulares que participen en los esquemas y obtengan ganancias derivadas de ellos.
El legislador argumenta que, para concretar algunas de estas operaciones, pueden intervenir personas físicas y morales que funcionan como intermediarios y participan en transacciones destinadas a aparentar legitimidad o legalidad en movimientos financieros.
Según la iniciativa, esos participantes pueden recibir parte de los recursos involucrados sin que éstos sean destinados a los objetivos institucionales para los cuales fueron asignados.
La propuesta será analizada por la Comisión de Justicia, donde se determinará el proceso legislativo correspondiente antes de una eventual discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados.
eitmedia.mx
