La diputada federal Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, propuso reformar el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer como un derecho de las personas privadas de la libertad que viven con VIH el acceso efectivo y continuo a su tratamiento antirretroviral.
La iniciativa plantea que las autoridades de los centros penitenciarios garanticen también los estudios médicos, medicamentos, consultas y demás servicios necesarios para el seguimiento y atención integral de quienes viven con el virus.
El proyecto establece que la condición de estar privado de la libertad no podrá utilizarse como motivo para suspender, retrasar o interrumpir injustificadamente un tratamiento médico previamente indicado.
De acuerdo con el documento presentado por la legisladora, las infecciones de transmisión sexual han registrado un incremento sostenido en México durante los últimos años, particularmente después de la pandemia. Entre los padecimientos señalados se encuentran la sífilis y la gonorrea, mientras que el VIH mantiene una presencia relevante como problema de salud pública.
La iniciativa refiere que durante 2025 se registraron más de 10 mil 700 nuevos casos de VIH en el país y señala que la situación afecta principalmente a jóvenes de entre 15 y 29 años y a poblaciones consideradas clave en materia de prevención y atención.
El documento también advierte sobre el subdiagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, debido a que algunas pueden presentarse sin síntomas, por lo que la cifra de casos identificados podría no reflejar la totalidad de personas afectadas.
En el caso de la población penitenciaria, la propuesta cita información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), según la cual las personas privadas de la libertad tienen aproximadamente 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH que la población general.
La misma referencia señala que alrededor de 4.6 por ciento de la población penitenciaria a nivel mundial vive con el virus, mientras que en países con una elevada proporción de personas encarceladas que se inyectan drogas, la prevalencia del VIH dentro de los centros penitenciarios puede ser entre 15 y 20 veces mayor que entre la población general.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia, sostiene que las personas privadas de la libertad que viven con VIH enfrentan obstáculos para acceder de manera oportuna y permanente a sus tratamientos, además de situaciones relacionadas con estigma y discriminación.
El documento también retoma la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que considera que el VIH y el Sida constituyen un problema de salud pública agravado por los prejuicios y la discriminación asociados con esta condición.
Bajo ese argumento, la propuesta plantea fortalecer en la Ley Nacional de Ejecución Penal el derecho de las personas privadas de la libertad a recibir atención médica y garantizar la continuidad de los tratamientos prescritos, así como el suministro oportuno de los medicamentos necesarios.
La finalidad de la reforma es que ninguna persona privada de la libertad que viva con VIH vea suspendida su atención médica por encontrarse dentro de un centro penitenciario.
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