El Congreso de Nuevo León no logró reunir los votos suficientes para superar el veto del gobernador Samuel García a la reforma que buscaba frenar el cobro del Impuesto Verde a Agua y Drenaje de Monterrey, por lo que las modificaciones aprobadas previamente por los legisladores no podrán entrar en vigor.
La votación terminó con 26 votos a favor, nueve en contra y seis abstenciones. Sin embargo, para superar el veto eran necesarios 28 votos, por lo que la propuesta quedó a dos sufragios de alcanzar la mayoría requerida.
El dictamen obtuvo 26 votos a favor, provenientes de las bancadas del PRI y PAN, así como de los diputados de Morena Tomás Montoya, Anylú Bendición Hernández y Grecia Benavides, además de la independiente Rocío Montalvo. En contra votaron los nueve diputados de Movimiento Ciudadano, mientras que se registraron seis abstenciones: las de la bancada del Partido Verde y las diputadas de Morena Brenda Velázquez, Berenice Martínez, Greta Barra y María Guadalupe Rodríguez, además del independiente Francisco del Bosque.
Con este resultado, el Pleno no alcanzó los 28 votos requeridos para superar las observaciones del Ejecutivo estatal y el veto de Samuel García quedó firme.
El resultado provocó una nueva confrontación entre las bancadas. Desde el PRI y el PAN, los legisladores cuestionaron que el Congreso no haya alcanzado la votación necesaria y advirtieron sobre el impacto que, a su juicio, tiene el cobro del gravamen sobre las finanzas de Agua y Drenaje.
Carlos de la Fuente acusó que alrededor de mil 500 millones de pesos anuales terminan en las arcas estatales por concepto del Impuesto Verde, recursos que, sostuvo, deberían permanecer en Agua y Drenaje para atender fugas, drenaje sanitario y obras de infraestructura hidráulica.
El coordinador panista calificó el esquema como un “huachicol fiscal verde” y señaló que esos recursos podrían utilizarse para fortalecer la atención de problemas que, dijo, persisten en municipios como García, Escobedo y Santa Catarina.
De la Fuente recordó además que el año pasado se otorgaron más de 750 millones de pesos de deuda pública para trabajos de drenaje, por lo que planteó que los recursos provenientes del Impuesto Verde permitirían ampliar la capacidad de atención de la paraestatal.
Desde el PRI, Javier Caballero sostuvo que los ciudadanos deberán recordar quiénes votaron en contra de modificar el esquema cuando continúen los problemas de agua, fugas y drenaje. El legislador cuestionó también que el argumento de impacto financiero utilizado para mantener el veto sea suficiente para justificar el cobro a una entidad como Agua y Drenaje.
Durante la discusión, Lorena de la Garza también arremetió contra quienes rechazaron la reforma y recordó que previamente el Congreso había solicitado a Agua y Drenaje atender problemas de suministro, reparar fugas y mejorar la comunicación con los habitantes afectados.
La priista hizo referencia a un punto de acuerdo promovido por la diputada Greta Barra, en el que se planteaban acciones para atender la problemática de agua y drenaje en García, y cuestionó que posteriormente se haya votado en contra de una modificación destinada a evitar que recursos de la paraestatal fueran destinados al pago del gravamen.
Del lado de Movimiento Ciudadano, la vicecoordinadora Melisa Peña defendió la permanencia de las disposiciones fiscales y pidió no convertir el tema en una confrontación política. Durante el debate reconoció las acciones realizadas durante la crisis de agua y sostuvo que los asuntos financieros también deben formar parte de la discusión legislativa.
El diputado independiente Fernando del Bosque se abstuvo en la votación y no se encontraba en el Pleno cuando fue cuestionada su posición por legisladores de oposición.
Con el resultado de 26 votos a favor, nueve en contra y seis abstenciones, el Congreso dejó firme el veto de Samuel García y la reforma que buscaba impedir el cobro del Impuesto Verde a Agua y Drenaje no entrará en vigor.
El tema, sin embargo, no quedó cerrado. Carlos de la Fuente adelantó que la oposición buscará presentar nuevamente una iniciativa para modificar el esquema, mientras Agua y Drenaje de Monterrey habría recurrido también a una firma jurídica externa para analizar las disposiciones legales involucradas.
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