Las y los diputados federales del PRI anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó retirar o modificar determinadas publicaciones difundidas en redes sociales por legisladores y dirigentes priistas.
La resolución del INE derivó de quejas presentadas por Morena por publicaciones en las que se utilizaron expresiones que vinculaban al partido con el crimen organizado. El organismo electoral determinó, en un análisis preliminar, que algunas de esas manifestaciones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, por lo que concedió medidas cautelares.
Entre los legisladores involucrados se encuentran Emilio Suárez Licona, Rubén Moreira Valdez, Carolina Viggiano y Marco Antonio Mendoza. En el caso de estas publicaciones, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedentes las medidas cautelares y estableció un plazo que no podrá exceder de seis horas, contadas a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación, para eliminar o modificar las manifestaciones señaladas.
En conferencia de prensa, Moreira Valdez y Suárez Licona señalaron que acudirán al TEPJF para controvertir la determinación y plantearon que, de ser necesario, llevarían el caso ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Moreira Valdez sostuvo que la medida afecta, desde su perspectiva, la libertad de expresión y la actividad parlamentaria, particularmente por tratarse de publicaciones relacionadas con el debate sobre la participación del crimen organizado en la política.
“Ya no hay libertad de expresión”, afirmó el coordinador parlamentario, quien también planteó que la determinación tiene implicaciones para la inviolabilidad de las opiniones de quienes integran el Congreso de la Unión.
El legislador indicó que entre las publicaciones señaladas se encuentran reposts de contenidos difundidos originalmente por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador de la República.
Moreira Valdez también informó que planteó ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su preocupación por las implicaciones que, a su juicio, puede tener la resolución para la actividad parlamentaria.
Por su parte, Emilio Suárez Licona cuestionó que el INE haya considerado procedentes las medidas cautelares por publicaciones que, según sostuvo, reproducían una postura previamente expresada por el dirigente nacional del partido.
La resolución del INE, sin embargo, precisa que su determinación corresponde a un análisis preliminar y que las expresiones cuestionadas podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos contra Morena al no existir, en los casos analizados, elementos que acreditaran su veracidad.
El propio acuerdo del organismo electoral también distingue publicaciones en las que las medidas fueron consideradas improcedentes. Entre ellas se encuentran algunos contenidos en los que no se advirtió de manera evidente o explícita la imputación de hechos o delitos falsos, así como determinados contenidos respecto de los cuales se consideró la posible protección del principio de inviolabilidad parlamentaria.
La controversia será llevada ahora a la instancia jurisdiccional electoral por los legisladores priistas, quienes sostienen que las medidas tienen consecuencias para la libertad de expresión y el debate público.
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