Buenos Aires.- La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina deberá definir si revisa el archivo de una causa que investiga el préstamo de 57.100 millones de dólares acordado en 2018 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
“El endeudamiento con el FMI durante el Gobierno de Macri llegó a Casación”, informaron fuentes judiciales a la Agencia Sputnik este viernes.
Casación analizará el expediente a partir de la queja presentada por el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, conocida como Cámara Federal, rechazara un recurso para reabrir la causa.
Los jueces de la sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, deberán resolver si habilitan la revisión del archivo de la causa, que alcanzaba no solo a Macri, sino a distintos exfuncionarios de su Gobierno y del Banco Central.
La investigación buscó determinar si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía constituir delitos contra la administración pública.
Entre otras cuestiones, se evaluó si el endeudamiento externo estuvo destinado a sostener la formación de activos externos y si pudo existir un beneficio indebido para funcionarios o terceros.
También se investigó si durante la negociación, firma y ejecución del acuerdo se incumplieron las normas que regulaban este tipo de operaciones.
La causa había sido archivada por el Juzgado Federal n° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y esa decisión fue confirmada con posterioridad por la sala I de la Cámara Federal el 4 de septiembre.
Ante ese escenario, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación para intentar que el expediente continuara bajo examen judicial, pero el recurso fue declarado inadmisible.
Por ese motivo, el fiscal José Luis Agüero Iturbe acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En su presentación, el fiscal sostuvo que, cuando existe una denuncia que presenta un mínimo de seriedad y verosimilitud y todavía hay medidas de prueba impulsadas por el Ministerio Público, no corresponde clausurar la investigación sin antes avanzar con esas diligencias.
El fiscal también cuestionó uno de los argumentos utilizados por los camaristas para confirmar el archivo: el señalamiento de que la Fiscalía no había precisado qué otras medidas concretas permitirían demostrar los delitos investigados.
Frente a ese planteo, Agüero Iturbe sostuvo que la investigación penal debe primero determinar qué ocurrió y luego establecer si esos hechos encuadran en una figura delictiva.
La investigación comenzó a partir de una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas con la negociación, aprobación y ejecución del acuerdo firmado con el FMI en 2018.
El mismo se anunció en un comienzo por unos 50.000 millones de dólares, monto que se amplió después hasta los 57.100 millones de dólares.
El actual Gobierno que preside Javier Milei solicitó un nuevo préstamo al FMI, por un monto de 20.000 millones de dólares, que fue concedido en abril de 2025.
La deuda argentina con el organismo asciende a 58.251 millones de dólares al 31 de agosto, según cifras oficiales del Ministerio de Economía. (Sputnik)
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