La diputada federal Maiella Gómez Maldonado, de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de tipificar la obstrucción de funciones de seguridad pública y establecer sanciones para quienes transmitan información operativa a favor de organizaciones delictivas. La propuesta fue turnada a las comisiones de Justicia y de Seguridad Ciudadana para su análisis.
La iniciativa plantea imponer de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a 900 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, con la finalidad de favorecer a la delincuencia organizada, proporcione, transmita o comunique de manera física o virtual información relacionada con la ubicación, desplazamiento, labores de detención, investigaciones, estrategias, rutas o acciones tácticas de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o instituciones federales de seguridad pública.
La conducta sería sancionada cuando tenga como finalidad obstruir o impedir la adecuada ejecución de las labores de seguridad, ya sea que se desarrollen de manera individual o en coordinación con autoridades estatales o municipales.
El proyecto contempla adicionar un capítulo denominado “De la obstrucción de funciones de seguridad pública”, integrado por los artículos 164 Ter y 164 Quater del Código Penal Federal.
También establece que las penas podrían duplicarse cuando la información transmitida tenga carácter reservado y sea comunicada por una persona que tenga el deber de resguardarla.
La propuesta contempla sanciones adicionales cuando la conducta sea cometida por determinados servidores públicos o integrantes de instituciones de seguridad.
En el caso de un servidor público de alguna corporación policial, además de la pena correspondiente, se plantea la destitución del cargo e inhabilitación de hasta cinco años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Si quien incurre en la conducta es integrante de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, ya sea en activo, reserva o retiro, la iniciativa contempla la baja definitiva de la institución y una inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisiones públicos.
El proyecto también propone modificar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incorporar la obstrucción de funciones de seguridad pública entre las conductas que podrían ser sancionadas bajo ese ordenamiento.
Gómez Maldonado argumenta que existen redes de vigilancia y monitoreo utilizadas por organizaciones delictivas para obtener información sobre la presencia, desplazamiento y acciones de las autoridades de seguridad.
La legisladora identifica estas prácticas con el denominado “halconeo” y sostiene que representan un obstáculo para las labores de seguridad pública y procuración de justicia.
De acuerdo con la exposición de motivos, distintas entidades federativas ya cuentan con disposiciones para sancionar conductas relacionadas con la vigilancia o transmisión de información a grupos delictivos. La iniciativa menciona, entre otros estados, a Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Puebla.
El documento también señala que en Michoacán y Chiapas algunos intentos para tipificar conductas similares fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La diputada sostiene que la propuesta busca delimitar la conducta mediante elementos como el dolo específico, la finalidad de favorecer a la delincuencia organizada y el carácter operativo de la información, y afirma que no pretende restringir los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
La iniciativa se encuentra actualmente en proceso legislativo y deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de que, en su caso, continúe su trámite ante el pleno de la Cámara de Diputados.
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