México entre la soberanía, los desaparecidos y los políticos que prefieren el pleito a las soluciones
Hay semanas en las que la política mexicana exhibe sus propias contradicciones. Mientras miles de familias buscan a sus desaparecidos y el país enfrenta una crisis de seguridad, las disputas partidistas y los escándalos políticos siguen ocupando espacios que deberían dedicarse a resolver los problemas ciudadanos.
El caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado por la Fiscalía General de la República de presunta traición a la patria por una supuesta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino, abre una pregunta fundamental: ¿quién autoriza las operaciones de seguridad en territorio nacional?
Si se demuestra que funcionarios permitieron actuaciones extranjeras sin las autorizaciones correspondientes, deberán responder ante la justicia. Pero también debe respetarse el debido proceso. La soberanía nacional no puede convertirse en pretexto para perseguir adversarios ni en una consigna que se invoque únicamente cuando conviene políticamente.
La cooperación con Estados Unidos es importante para combatir al crimen organizado, pero debe sujetarse a la ley. La urgencia de enfrentar a los delincuentes no justifica saltarse las reglas, como tampoco la defensa de la soberanía puede servir para ocultar posibles irregularidades.
Más dolorosa es la crisis de desapariciones forzadas. La discusión ante Naciones Unidas sobre la posible activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas coloca al Gobierno mexicano frente a una realidad que no puede resolverse con discursos diplomáticos.
Aunque el Gobierno federal rechaza que exista una política de desapariciones promovida desde las más altas esferas del Estado, el reconocimiento de casos en los que presuntamente participaron autoridades municipales obliga a investigar y rendir cuentas. Para las familias buscadoras, lo importante no es quién gana una discusión internacional, sino encontrar a sus seres queridos y conocer la verdad.
La cooperación internacional no debe interpretarse automáticamente como una agresión contra México. Defender la imagen del país no puede estar por encima de los derechos de las víctimas. Una nación demuestra su fortaleza cuando sus instituciones investigan, corrigen y sancionan, no cuando intentan minimizar aquello que las incomoda.
En paralelo, el Gobierno federal anunció un acuerdo para interconectar sistemas de inteligencia de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, con el propósito de consultar bases de datos y fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales.
La coordinación puede contribuir a mejorar la seguridad, pero también exige controles estrictos. ¿Quién vigilará el uso de la información? ¿Cómo se evitarán las filtraciones, los abusos y la utilización política de los datos? La tecnología puede ayudar a combatir el delito, pero no sustituye la legalidad, la transparencia ni la rendición de cuentas.
La seguridad no se mide por el número de plataformas conectadas, sino por los resultados: delitos prevenidos, investigaciones eficaces y ciudadanos que puedan vivir sin miedo.
Mientras tanto, en San Lázaro, el enfrentamiento entre el priista Carlos Mancilla y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, volvió a exhibir otra costumbre de la política mexicana: convertir los problemas públicos en disputas personales.
El reclamo por la crisis del agua en Jalisco terminó entre insultos y acusaciones de cobardía. Pero el acceso al agua limpia es demasiado importante para reducirlo a un intercambio de descalificaciones. Los ciudadanos merecen conocer las causas de los problemas, las medidas adoptadas y los plazos para resolverlos.
Que un político acuse a otro de huir de una discusión no repara una tubería, no mejora la calidad del agua ni garantiza el abastecimiento de las familias. Tampoco basta con asegurar que se trabaja en una solución: los gobiernos deben presentar resultados verificables y los legisladores, propuestas concretas.
Los cuatro asuntos revelan una misma exigencia ciudadana: instituciones que cumplan con su responsabilidad. En Chihuahua, esclarecer la actuación de funcionarios y agentes extranjeros; en las desapariciones, encontrar a las víctimas y castigar a los responsables; en seguridad, garantizar que la inteligencia opere dentro de la ley; y en Jalisco, resolver los problemas de abastecimiento de agua.
México no necesita autoridades ocupadas únicamente en defender su prestigio, partidos que midan sus triunfos por los insultos contra sus adversarios ni instituciones que confundan mayores facultades con mejores resultados.
La soberanía se defiende con instituciones eficaces; los derechos humanos, buscando a los desaparecidos; la seguridad, con inteligencia sujeta a controles; y la política, resolviendo los problemas de la gente.
Mientras eso no ocurra, los ciudadanos seguirán pagando el costo de una clase política demasiado ocupada en defenderse a sí misma y demasiado lenta para cumplir con sus obligaciones.
