La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Inversión Extranjera impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que el Estado ampliará sus facultades para revisar y, en determinados casos, condicionar o impedir operaciones de capital extranjero que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
El dictamen fue avalado en lo particular con 321 votos a favor, 106 en contra y ninguna abstención, sin modificaciones al proyecto. Con ello, la minuta fue turnada al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.
La reforma incorpora a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, todos con derecho a voz y voto.
También contempla la participación, con voz pero sin voto, de representantes de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera cuando se aborden asuntos relacionados con la seguridad nacional.
Uno de los cambios centrales establece un mecanismo de revisión para determinadas operaciones en las que inversionistas extranjeros pretendan adquirir más del 49 por ciento del capital de empresas mexicanas, siempre que sus activos superen el monto que establezca la Comisión y sus actividades correspondan a sectores considerados estratégicos.
Entre estos rubros figuran las infraestructuras estratégicas, la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales y de defensa, el almacenamiento de energía, las tecnologías nucleares y cuánticas, las nanotecnologías, las biotecnologías, el suministro de insumos fundamentales y el acceso a información sensible.
La Comisión contará con un plazo de 45 días hábiles para resolver las solicitudes correspondientes. Además, deberá presentar informes semestrales al Congreso sobre su gestión en materia de seguridad nacional, con la posibilidad de comparecer ante las comisiones legislativas competentes.
Aunque el propósito declarado es proteger sectores estratégicos frente a riesgos externos, la reforma también abre interrogantes sobre la aplicación práctica de las nuevas facultades. La definición de los montos que activarán la revisión y los criterios para determinar qué operaciones representan una amenaza serán fundamentales para evitar decisiones discrecionales y brindar certidumbre jurídica a las empresas.
El desafío será establecer una frontera clara entre la protección legítima de los intereses nacionales y la intervención gubernamental en decisiones empresariales. La seguridad nacional puede justificar controles sobre inversiones sensibles, pero su aplicación requiere reglas transparentes, procedimientos previsibles y mecanismos de rendición de cuentas.
La aprobación legislativa representa un cambio en la forma en que México revisará determinadas inversiones extranjeras. Su impacto dependerá de cómo se apliquen las nuevas disposiciones, de la claridad de los criterios que emita la Comisión y de que las decisiones estén debidamente fundamentadas.
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