Víctor Flores García
Ciudad de México, 30 oct (Sputnik).- La propuesta gubernamental de destinar casi un 4 por ciento del PIB de México a pagar intereses de la deuda pública generó fricciones en la discusión parlamentaria del Paquete Económico 2027: mientras el oficialismo valora su impacto en la sostenibilidad fiscal, la oposición cuestiona que no se destine dichos fondos a la inversión productiva.
El proyecto de presupuesto presentado al Congreso por la Secretaría federal (ministerio) de Hacienda proyecta que la deuda alcance un 55 por ciento del Producto Interno Bruto, y que los requerimientos financieros del sector público bajen a un 3,9 por ciento del total, o sea, 1,57 billones de pesos (unos 83.200 millones de dólares).
La Agencia Sputnik recogió los argumentos del oficialismo y de la oposición sobre el proyecto que contempla un gasto total de 561.700 millones de dólares, ingresos presupuestarios por 485.400 millones y un techo de endeudamiento neto interno de más de 90.000 millones de dólares, al tipo de cambio actual de la moneda nacional.
El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) defiende la sostenibilidad del esquema fiscal, pero bancadas de oposición, como Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), advierten que México está destinando más recursos al pago de intereses que a la inversión productiva.
PRUDENCIA Y VIABILIDAD
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena y vicecoordinador del grupo parlamentario oficialista, sostuvo que el costo financiero de más de 83.000 millones de dólares debe leerse en el contexto de una reducción real de 2,9 por ciento respecto de lo aprobado para 2026.
“México mantiene condiciones para financiar sus necesidades presupuestarias, aunque también nos obligan a actuar con prudencia”, aseveró a esta agencia el legislador, considerado un especialista en asuntos presupuestales.
Para el parlamentario, la sostenibilidad de la deuda no depende solo de su tamaño, sino del crecimiento económico, la recaudación y el acceso a financiamiento en condiciones favorables.
En ese marco, propone los siguientes ejes en el gasto: privilegiar el endeudamiento en moneda nacional, reducir riesgos por tasas de interés, y destinar los recursos a inversiones que aumenten la capacidad productiva.
“No podemos depender indefinidamente del endeudamiento para financiar el desarrollo”, advirtió el referente de Morena en la Cámara de Diputados, al tiempo que defendió preservar la estabilidad fiscal sin sacrificar inversión, empleo ni derechos sociales.
Su postura coincide con la defensa del Gobierno que preside Claudia Sheinbaum de una “consolidación fiscal progresiva”, que contempla una reducción gradual del déficit, superávits primarios y contención del gasto corriente estructural.
RECHAZO A MÁS DEUDA PARA PAGO DE PASIVOS
Por su parte, Emilio Suárez Licona, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), hace una lectura más crítica: sostiene que el costo financiero previsto para 2027 supera el monto de nueva deuda que el Gobierno solicitará contratar.
“Vamos a pedir prestado y apenas nos va a alcanzar para pagar los intereses y comisiones de lo que ya debemos”, dijo a la Agencia Sputnik el integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
El congresista opositor aseguró que el costo del servicio de la deuda será mayor que la inversión productiva, prevista en 1,1 billones de pesos (casi 59.000 millones de dólares).
Criticó además la concentración de recursos en proyectos ferroviarios incosteables, incluido el turístico Tren Maya en la península de Yucatán, y en apoyos a la endeudada compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que, a su juicio, no ha cumplido sus metas de producción.
“La deuda no se está utilizando para generar más recursos, sino que literalmente nos estamos endeudando para pagar el gasto corriente”, afirmó Suárez Licona.
Argumenta que, desde 2024, el déficit ha sido superior a la inversión y acusó una contravención de los principios constitucionales y legales que condicionan el crédito público a la inversión productiva.
PÉRDIDA DEL MARGEN FISCAL
Otra mirada crítica la ofrece Héctor Saúl Tellez, representante del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) quien dijo a esta agencia que “México está perdiendo rápidamente margen fiscal”.
“Es dinero que no construye hospitales, no abre escuelas, no genera infraestructura; simplemente paga el costo de obligaciones que ya adquirimos”, sostiene el integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja.
Tellez, quien también participa en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoció que la deuda puede ser una herramienta positiva cuando financia infraestructura que impulsa el crecimiento futuro.
Pero consideró que el problema surge cuando cada año se requiere mayor endeudamiento para cerrar el déficit, cubrir gasto corriente o pagar los propios intereses.
El diputado opositor vinculó el riesgo con el menor crecimiento económico: si el PIB avanza por debajo de lo previsto, la recaudación se debilita y la relación Deuda-PIB se presiona.
Ante ese dilema propone una consolidación fiscal basada en reducir el gasto improductivo, revisar proyectos que demandan subsidios, elevar la inversión productiva y recuperar condiciones para la inversión privada.
“Endeudarse para crecer puede ser razonable; endeudarse para sostener un déficit estructural es otra cosa completamente distinta”, concluyó.
TRANSPARENCIA Y DESTINO DEL GASTO
Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano (MC, centro izquierda) y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, cuestionó el uso creciente de recursos para intereses.
“Lo preocupante es pagar con cada vez más intereses mientras tenemos enormes necesidades de salud, educación e infraestructura”, comentó Ballesteros a la Agencia Sputnik.
Señaló que la estrategia oficial de reducción gradual del déficit depende de que se cumplan las expectativas de crecimiento y recaudación, algo que considera poco probable si la economía crece menos de lo proyectado.
MC plantea exigir transparencia sobre el destino de la deuda y asegurar que los financiamientos se orienten a inversiones con beneficios sociales y económicos verificables.
El debate sobre el presupuesto tiene otro foco pendiente: cómo garantizar los programas sociales y la inversión en educación y salud, mientras se sacrifica el gasto en infraestructura productiva, discusión que se avecina en la primera quincena de noviembre. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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