Ciudad de México.- El acercamiento de adultos a menores de edad mediante redes sociales, bajo identidades falsas y con el propósito de ganarse su confianza para cometer delitos sexuales, podría tener consecuencias penales más severas en México.
La diputada federal Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para modificar el artículo 261 del Código Penal Federal e incorporar como agravante el uso de plataformas digitales para contactar, engañar y manipular a personas menores de 18 años con fines de abuso sexual.
La propuesta plantea incrementar en una mitad los límites mínimo y máximo de las penas actualmente establecidas para este delito, que contemplan de seis a 13 años de prisión, además de hasta 500 días multa.
De aprobarse la reforma, cuando el abuso sexual contra una persona menor de edad se cometa mediante el contacto y la manipulación iniciados en redes sociales, medios informáticos o cualquier otro sistema de transmisión de datos, las sanciones podrían elevarse hasta nueve años en el mínimo y 19 años y seis meses en el máximo, además del incremento correspondiente en la multa.
El planteamiento legislativo pone atención en el llamado grooming, una práctica mediante la cual un adulto establece contacto con niñas, niños o adolescentes en espacios digitales, construye una relación de confianza y posteriormente utiliza esa cercanía para manipularlos y facilitar una agresión sexual.
Uno de los riesgos identificados en la iniciativa es que los responsables pueden ocultar su identidad, hacerse pasar por menores de edad y aprovechar la vulnerabilidad de sus víctimas para obtener información personal, establecer vínculos emocionales y avanzar en sus propósitos delictivos.
La legisladora considera que el marco penal federal debe contemplar estas modalidades de acercamiento, debido a que el entorno digital permite desarrollar procesos de manipulación prolongados y planificados, que no necesariamente comienzan con un contacto físico.
El documento también advierte sobre la diferencia de edad, experiencia y conocimientos entre el agresor y la víctima, factores que pueden dificultar que los menores reconozcan las intenciones de quien los contacta y adviertan oportunamente una situación de peligro.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual dictaminación. Su aprobación permitiría incorporar una agravante específica al delito de abuso sexual contra menores cuando se utilicen medios digitales para concretar la conducta delictiva.
El debate legislativo coloca nuevamente sobre la mesa la protección de niñas, niños y adolescentes en internet, particularmente frente a mecanismos de engaño que pueden comenzar con un mensaje aparentemente inofensivo y terminar en situaciones de violencia sexual.
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