Entre las grabaciones del INE y las fechas que pone Samuel
Lo que está ocurriendo alrededor de Guadalupe Taddei ya no puede despacharse como una simple polémica mediática. Las grabaciones difundidas por Latinus, en las que aparece junto a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del Instituto Nacional Electoral, han puesto sobre la mesa conversaciones que hacen referencia a cantidades millonarias, porcentajes y presuntos acuerdos económicos relacionados con la fabricación de la credencial para votar. Y eso, tratándose de una institución que debe garantizar la confianza en nuestra democracia, exige explicaciones contundentes.
No estamos en condiciones de afirmar que hubo desvíos, pagos ilegales o complicidades, porque eso corresponde determinarlo a las autoridades. Pero tampoco se vale mirar hacia otro lado. La Fiscalía y las instancias fiscalizadoras tienen elementos públicos que deben analizar, investigar y contrastar con contratos, movimientos financieros y documentación oficial. Si existen indicios suficientes, deben actuar conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones.
Y aquí hay una pregunta que no puede quedar en el aire: ¿por qué una relación de tanta cercanía entre una responsable del organismo electoral y un proveedor termina rodeada de conversaciones sobre posibles repartos de dinero? ¿Quién autorizó los contratos? ¿Quién supervisó las operaciones? ¿A dónde fueron a parar los recursos? La autoridad debe esclarecerlo, incluso revisar las operaciones financieras que legalmente correspondan, siempre con sustento y bajo control judicial cuando sea necesario. Si alguien abusó de su posición, que responda; si no hubo delito, que también se demuestre con claridad.
Porque el INE no es propiedad de sus consejeros, ni de sus proveedores, ni de sus amistades. Es una institución sostenida con recursos públicos y cuya credibilidad pertenece a todos los mexicanos. Lo verdaderamente inadmisible sería que, ante señalamientos de esta magnitud, la respuesta institucional fuera el silencio, la evasión o el clásico expediente que termina durmiendo en algún escritorio. La ciudadanía merece saber qué ocurrió y quiénes, en su caso, deben responder. Ojalá y no se salga como ya es costumbre en este gobierno que se diga : Si hay denuncias ó pruebas que se presenten. Como ha sucedido a lo largo de los últimos años…
Y mientras en el ámbito nacional las grabaciones siguen levantando preguntas, en Nuevo León Samuel García vuelve a poner fechas sobre la mesa. El gobernador supervisó los trabajos de las Líneas 4 y 6 del Metro y anunció que la estación Churubusco está prevista para inaugurarse durante este mes. Asegura que ya están terminados diversos componentes, como elevadores, escaleras eléctricas, validadores y accesos, mientras se realizan pruebas electromecánicas y se liberan carriles de circulación.
El anuncio es importante, pero también obliga a recordar que una obra de movilidad no se mide por los recorridos de supervisión ni por las fechas pronunciadas ante las cámaras. Se mide cuando abre sus puertas, cuando los usuarios pueden utilizarla con seguridad y cuando el servicio funciona de manera regular. Los regiomontanos llevan tiempo escuchando avances, porcentajes y compromisos; ahora lo que esperan son resultados que puedan comprobar en su vida cotidiana.
Las nuevas líneas contemplan 21 estaciones, incluida la conexión con el Aeropuerto, y representan una de las apuestas de infraestructura más visibles de la administración estatal. Por eso, cada fecha anunciada debe venir acompañada de información clara sobre pruebas, condiciones de operación y cumplimiento de los plazos.
