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Fallas estructurales en cárceles mexicanas permiten a reos mantener actividades criminales, advierte experto

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Por: Mariano Yberry

Las deficiencias en el sistema penitenciario de México abren la puerta para que los detenidos sigan cometiendo actividades ilícitas en el exterior, sostuvo un especialista en entrevista para Sputnik.

Este fenómeno se manifestó recientemente, cuando Lenin Canchola, preso del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4 en Tepic, Nayarit (occidente), organizó una protesta en el centro del país para denunciar presuntas violaciones a derechos humanos, así como exigir que lo devolvieran al Cefereso de Coahuila (norte), donde cumplía una condena de 50 años por secuestro agravado.

Sin embargo, las autoridades federales denunciaron que los manifestantes en realidad habían recibido un pago para participar en ese evento. Incluso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México identificó a una mujer de la tercera edad como responsable de organizar y pagar a los participantes. Según el reporte del diario local La Jornada, los hermanos Canchola habrían pedido la ayuda a una comerciante identificada como la Madre, luego de visitar a su familiar en la prisión. En total, habrían gastado cerca de 75.000 pesos (alrededor de 3.900 dólares) para que, al menos 300 personas, participaran en los bloqueos, con un pago de 250 pesos (poco más de 13 dólares) por individuo.

Después de esta movilización, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó el 18 de noviembre que los manifestantes fueron pagados por un grupo del crimen organizado, por lo cual se inició una investigación.

“Se va a proceder porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y, sobre todo, de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada”, declaró la funcionaria federal.

Pese a ello, tras la manifestación, el reo logró ser trasladado al Cefereso 17, en Michoacán (occidente), con lo que suma cuatro cambios de penales.

Lo que ocurre tras las rejas

En entrevista para Sputnik, el especialista en temas de seguridad y justicia, Erik Ruiz, comentó que este caso revela que existen fallas estructurales en todo el sistema penitenciario mexicano, que permiten “que siga habiendo una práctica criminal que impacta todavía la convivencia y el orden social al exterior”.

El investigador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que no se trata de un problema reciente, sino de algo que se ha arrastrado a lo largo de los años, a pesar de que existen estudios y diagnósticos hechos por las propias autoridades, que identifican de forma precisa las fallas de las cárceles.

“El origen de todas estas prácticas tiene que ver con esta deficiencia estructural, no nada más por las cuestiones de hacinamiento, sino con temas ligados con el autogobierno o con la tolerancia de la titularidad del centro penitenciario que, más que promover, tolera todas estas prácticas”, afirmó. En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que, entre 2024 y 2025, la sobrepoblación en las cárceles mexicanas creció 8,46%, al pasar de 226.739 a 256.127, un excedente de casi 30.000 internos, equivalente al 12,96%.

Al cierre de diciembre de 2025, la CNDH reportó que la sobrepoblación se concentró en 142 centros penitenciarios, 24 más que el año anterior.

El problema central

En materia de seguridad interna, el informe publicado en octubre de este año señala que en 47,5% de los penales estatales se detectó actividad delictiva y en más de 31 centros se confirmaron problemas de autogobierno o cogobierno.

De acuerdo con el reporte, el 83,9% de las cárceles mexicanas tiene deficiencias en procedimientos para imponer sanciones disciplinarias a los reos, lo que abona a permitir prácticas criminales al interior y para el exterior.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del país latinoamericano, Omar García Harfuch, reconoció a finales del año pasado que 12 penales concentraban el 56% de las llamadas de extorsión denunciadas ante las autoridades, un delito que tiene una cifra negra cercana al 97%.

Al cumplirse un año del anuncio de la estrategia nacional contra este flagelo, la cifra de casos se mantiene prácticamente en los mismos niveles que en 2025. Para Ruiz, una parte central de la problemática es la falta de categorización de la población recluida, es decir, a qué centro penitenciario deberían ir dependiendo del tipo de delito que cometieron.

La propia CNDH revela que, en el 98,9% de los recintos estatales, no existe una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. En el 2024, el porcentaje era de 94,5%.

“Que el 98% de estos centros no cuente con una adecuada categorización de las personas, promueve que, en cada una de ellas, se siga orquestando actividades ilícitas fuera de del mismo centro de reinserción”, resaltó el especialista.

Una atención integral

Ante esta situación, desde el sexenio encabezado por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se han promovido iniciativas y programas para aliviar la sobrepoblación carcelaria, entre ellas, la Ley de Amnistías, promulgada en 2020.

En octubre de este año, García Harfuch anunció la construcción de seis penales más en los estados de Chiapas (sur), Estado de México (centro), Nayarit (occidente), Sonora (noroeste), Veracruz (este) y Sinaloa (noroeste), con lo cual se abrirían más de 18.000 espacios.

Sin embargo, la cifra sigue siendo menor a los casi 30.000 reos en excedente que reporta la CNDH, un dato que podría aumentar ya que, hasta el tercer trimestre de este año, las autoridades contabilizaron una población de más de 275.000 personas encarceladas.

Al respecto, Ruiz refirió que la creación de más cárceles podría ayudar en parte la sobrepoblación. No obstante, reiteró que se trata de un problema estructural que, de no atenderse, terminará por expandir la falla a las nuevas prisiones. El investigador recordó cuando, en 2006, el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) permitió la participación de la iniciativa privada en la administración de centros penitenciarios —medida suspendida en la Administración de López Obrador —, pero tampoco ayudó a reducir los problemas de sobrepoblación y autogobiernos.

“Eso quiere decir que hay una red, o hay una cadena de vulnerabilidades, no nada más en las cárceles o en el sistema físico, sino en todo el entramado institucional. Este tiene que ver, además, con la infraestructura física, las capacidades de custodia, el tratamiento de cada una de las personas y eso también promueve una falla en el sistema de reinserción social”, acotó.

En este sentido, el especialista sostuvo que se requiere atender la infraestructura física de estos inmuebles, promover programas de profesionalización del personal carcelario, el fortalecimiento de los trabajos de inteligencia para detectar redes criminales al interior de los centros penitenciarios y, sobre todo, atender de forma concreta los problemas que trabajos como el de la CNDH identifican de manera precisa. Sputnik.

Fuente: https://noticiaslatam.lat/

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