Con el argumento de poner freno a tarifas excesivas y brindar mayor protección a los automovilistas, el diputado local de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza Ochoa, presentó un anexo técnico para fortalecer la iniciativa que busca regular los estacionamientos públicos y privados en Nuevo León.
La propuesta forma parte del expediente legislativo 18376/LXXVI y tiene como finalidad actualizar el marco legal en materia de cobros, responsabilidades y funcionamiento de estacionamientos en plazas comerciales, hospitales, escuelas y otros espacios privados de uso público.
El legislador explicó que una de las principales demandas ciudadanas tiene que ver con los altos costos que enfrentan diariamente los usuarios, por lo que la iniciativa plantea que los establecimientos otorguen al menos dos horas gratuitas a clientes en ciertos casos.
Según indicó, muchos de estos cajones forman parte de las obligaciones urbanísticas y comerciales que deben cumplir los desarrollos privados, por lo que consideró injustificado que los ciudadanos tengan que asumir cobros elevados por utilizarlos.
Garza señaló que el objetivo es construir una regulación equilibrada mediante mesas de diálogo entre autoridades estatales, municipios, representantes de centros comerciales y otros sectores involucrados, buscando evitar afectaciones tanto para usuarios como para propietarios.
Asimismo, la propuesta contempla diferenciar claramente entre estacionamientos públicos y privados, además de establecer nuevas obligaciones relacionadas con la seguridad y protección del patrimonio de los automovilistas.
Entre los puntos incluidos destaca la exigencia de seguros de responsabilidad civil para responder en caso de robo o daños a vehículos dentro de los estacionamientos, situación que actualmente suele generar conflictos entre usuarios y operadores.
El diputado también cuestionó la disparidad en las tarifas que actualmente existen en Nuevo León, donde algunos estacionamientos cobran desde 20 pesos por hora hasta cantidades mucho mayores durante eventos masivos.
Indicó que incluso se han detectado cobros de hasta 400 pesos en ciertas actividades de alta demanda, lo que calificó como abusos que requieren regulación inmediata.
Además, señaló que varios operadores argumentan que la legislación vigente no los obliga a responder por daños ni limita los costos que pueden aplicar, motivo por el cual consideró urgente modernizar las leyes y fortalecer también los reglamentos municipales.
Finalmente, José Luis Garza explicó que la presentación del anexo técnico permitirá mantener vivo el proceso legislativo de la iniciativa y ampliar el periodo de análisis dentro del Congreso local, con la intención de concretar una nueva legislación enfocada en proteger la economía y seguridad de los usuarios.
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