CDMX.- Una investigación que involucró el análisis de operaciones financieras, movimientos aduaneros, registros ferroviarios y comercio internacional llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a ejecutar un operativo simultáneo en ocho estados del país contra una presunta organización dedicada al contrabando de combustibles, considerada por las autoridades como la más grande detectada hasta ahora en México.
Como resultado de este primer despliegue fueron giradas 25 órdenes de aprehensión y cinco ya fueron cumplimentadas, entre ellas la de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, quien fue detenido en Ensenada por elementos del Gabinete de Seguridad. La Fiscalía precisó que el proceso penal apenas inicia y recordó que las personas señaladas mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
La investigación sostiene que la organización operaba mediante empresas legalmente constituidas dedicadas a la importación de hidrocarburos, aunque presuntamente utilizaban declaraciones aduaneras falsas para introducir al país volúmenes de combustible muy superiores a los reportados oficialmente, evitando con ello el pago de impuestos federales.
Según la carpeta de investigación, el combustible procedía de refinerías ubicadas en Texas y cruzaba la frontera por las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Ciudad Camargo. Posteriormente era trasladado en carros tanque ferroviarios hacia distintos puntos del país para finalmente ser distribuido en pipas y tractocamiones.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de las autoridades fue la diferencia entre la carga realmente transportada y la reportada en la documentación oficial. Mientras los permisos declaraban alrededor de 10 mil litros por carro tanque, las investigaciones establecen que cada unidad llegaba a movilizar hasta 110 mil litros de combustible.
La Fiscalía también documentó que parte del producto era descargado en espuelas ferroviarias sin cumplir, presuntamente, con los procedimientos regulatorios exigidos para este tipo de operaciones, desde donde era distribuido principalmente hacia Coahuila, Durango y Zacatecas.
Pero el caso no sólo se centra en el movimiento físico del combustible. La indagatoria incorporó un extenso análisis financiero que permitió reconstruir la ruta del dinero generado por las operaciones investigadas.
De acuerdo con la FGR, fueron detectados movimientos superiores a tres mil 75 millones de pesos a través de aproximadamente 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares. Las autoridades sostienen que buena parte de esos recursos era transferida casi de inmediato entre diversas empresas, un esquema que, según los investigadores, buscaba dificultar el rastreo del origen y destino del dinero.
En materia fiscal, la dependencia calcula que únicamente por concepto de IEPS e IVA la presunta evasión supera los 106 millones de pesos. Sin embargo, el posible daño a la Hacienda Pública sería considerablemente mayor.
Las investigaciones establecen que entre enero y julio de 2025 la organización habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación irregular, provocando un perjuicio estimado superior a los cuatro mil millones de pesos por contribuciones omitidas.
Además del impacto económico, las autoridades aseguraron decenas de carros tanque localizados en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí, considerados puntos estratégicos dentro de la red logística que presuntamente abastecía combustible de manera ilegal a diversas regiones del país.
Durante la presentación del caso, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que la integración de la carpeta requirió el cruce de información ministerial, fiscal, aduanera, financiera, ferroviaria y corporativa para reconstruir tanto la operación logística como la estructura financiera de la organización.
“Este tipo de operaciones requiere estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas, por lo que su investigación demanda un trabajo técnico y especializado”, señaló la funcionaria.
La operación federal se desarrolló de manera simultánea en Baja California, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco, entidades donde continúan las diligencias para cumplimentar el resto de las órdenes de captura.
Ernestina Godoy informó además que, entre diciembre de 2025 y el 15 de julio de este año, la Fiscalía ha llevado ante los tribunales a 407 personas presuntamente relacionadas con redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos por vía terrestre, marítima y ferroviaria.
La dependencia subrayó que las investigaciones continúan abiertas para identificar a todos los posibles participantes en la estructura criminal y reiteró que la situación jurídica de cada uno de los imputados será determinada conforme avance el proceso judicial y respetando el debido proceso.
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