Crecimiento que prometen, aviones que no despegan, un Verde con olor extraño y la doble máscara
Nos prometen crecimiento, inversión y finanzas públicas ordenadas, pero cuando se revisan los números aparecen preguntas que no caben en un discurso optimista. El Paquete Económico 2027 plantea un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento, pero también contempla alrededor de 1.6 billones de pesos para pagar intereses y otros costos de la deuda. Es una cantidad monumental que no se convierte en escuelas, hospitales, infraestructura ni servicios: simplemente sirve para cubrir el costo de lo que ya debemos.
Hacienda habla de consolidación fiscal y de una reducción del déficit, pero el ciudadano difícilmente puede celebrar que una parte tan importante de los recursos públicos tenga como destino pagar deuda. Se puede hablar de responsabilidad financiera, sí, pero también hay que preguntarse cuánto margen queda para atender las necesidades de un país que sigue esperando mejores servicios, mayor seguridad y crecimiento que se sienta en los bolsillos.
Y entonces aparecen los aviones que no despegan.
Mexicana de Aviación requerirá al menos 881 millones de pesos durante 2027. Una aerolínea que nació con la promesa de convertirse en una opción segura, eficiente y competitiva continúa necesitando recursos públicos para consolidarse. La pregunta no es si debe existir una empresa aérea del Estado; la pregunta es cuánto tiempo más tendrá que pagar el contribuyente por un proyecto que todavía no demuestra que pueda sostenerse por sí mismo.
Porque mientras se habla de eficiencia y competitividad, el dinero sigue saliendo.
Y de la pista de aterrizaje nos vamos directamente a Nuevo León, donde el Congreso volvió a demostrar que la política local puede ser tan complicada como cualquier vuelo con turbulencia.
El veto de Samuel García a la reforma que buscaba impedir el cobro del Impuesto Verde a Agua y Drenaje quedó firme porque el Congreso no reunió los 28 votos necesarios. Hubo 26 a favor, nueve en contra y seis abstenciones. Faltaron solamente dos votos.
Pero aquí es donde el Verde empieza a adquirir un olor extraño.
El PAN sostiene que alrededor de mil 500 millones de pesos anuales derivados de este impuesto terminan en las arcas estatales y que esos recursos deberían quedarse en Agua y Drenaje para atender fugas, drenaje y obras hidráulicas. Carlos de la Fuente incluso bautizó el esquema como “huachicol fiscal verde”.
La expresión es política, desde luego, y corresponde a las autoridades determinar si existe alguna irregularidad. Pero la pregunta que deja sobre la mesa es legítima: si Agua y Drenaje enfrenta necesidades financieras y problemas de infraestructura, ¿por qué esos recursos no deberían estar destinados prioritariamente a resolverlos?
Mientras los diputados discuten quién tiene razón, el ciudadano sigue esperando que llegue el agua, que se reparen las fugas y que el drenaje funcione.
Y luego aparece la doble máscara.
El Congreso aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción que revisen si Ulises Carlín incurrió en alguna falta administrativa o delito al desempeñar, según lo señalado por Carlos de la Fuente, funciones como tesorero encargado del despacho y consejero jurídico del gobernador.
Aquí tampoco corresponde anticipar conclusiones. Si existe una incompatibilidad, deberán determinarlo las autoridades competentes. Si no existe, también deberán aclararlo. Lo que no puede ocurrir es que una duda de esta naturaleza quede flotando en el ambiente político sin una explicación institucional contundente.
Porque ese es precisamente el problema que atraviesa los cuatro asuntos: demasiadas promesas y demasiadas preguntas pendientes.
Se anuncia crecimiento, pero una parte enorme del presupuesto se va en deuda. Se habla de una aerolínea competitiva, pero sigue requiriendo recursos públicos. En Nuevo León se discute un impuesto que representa cientos o miles de millones de pesos mientras Agua y Drenaje enfrenta necesidades que nadie puede negar. Y, al mismo tiempo, el Congreso tiene que pedir que se investigue si un funcionario puede desempeñar dos responsabilidades dentro del mismo gobierno.
Al final, los discursos pueden ser optimistas, los presupuestos pueden presentarse con grandes metas y los políticos pueden intercambiar acusaciones.
Pero hay algo que no cambia: el dinero es público y la cuenta la paga el ciudadano.
