El diputado local de Morena, Tomás Montoya Díaz, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento de Nuevo León para establecer reglas más precisas en los avisos por cortes de agua y obligar a los organismos operadores a implementar mecanismos de abastecimiento provisional cuando una interrupción supere o se prevea que superará las 24 horas.
La propuesta plantea reformar el artículo 39 y adicionar los artículos 39 Bis, 39 Bis 1 y 39 Bis 2, con disposiciones específicas sobre los tiempos de aviso, la información que deberá proporcionarse a la población y las medidas que deberán adoptarse cuando el servicio permanezca suspendido por periodos prolongados.
Montoya Díaz explicó que actualmente el artículo 39 de la legislación ya contempla la obligación de informar a las personas afectadas por una suspensión del servicio, pero consideró que la disposición no establece con precisión cuándo debe emitirse el aviso, qué datos debe contener ni qué medidas deben implementarse para atender a la población.
“La ley ya establece que se debe avisar, pero actualmente ese mandato es demasiado general. Las familias necesitan saber la causa del corte, qué sectores serán afectados, cuándo comenzará, a qué hora se estima que regresará el servicio y qué alternativas tendrán mientras se resuelve el problema”, señaló.
De acuerdo con la iniciativa, cuando se trate de trabajos programados, el organismo operador deberá informar a la población con al menos 24 horas de anticipación.
En caso de emergencias, averías súbitas u otros eventos imprevistos, el aviso deberá difundirse inmediatamente después de que se confirme la interrupción.
La información deberá especificar las zonas afectadas, el horario de inicio del corte, la estimación para el restablecimiento y las medidas previstas para garantizar el abastecimiento alternativo.
Además, si las condiciones inicialmente previstas cambian, la información tendría que actualizarse de manera inmediata y, mientras continúe la restricción, al menos cada 12 horas.
Uno de los principales cambios propuestos establece que, cuando un corte exceda o se prevea que excederá las 24 horas, el organismo operador deberá garantizar un suministro provisional.
Entre las alternativas contempladas se encuentran la distribución mediante pipas, depósitos temporales, puntos públicos de abastecimiento, interconexiones u otros mecanismos que permitan proporcionar agua de manera segura.
También se plantea que las autoridades publiquen las rutas, puntos y horarios de distribución, dando prioridad a hospitales, centros de atención y personas o comunidades que se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad.
“Si un corte va a durar más de un día, no basta con pedirle a la gente que tome previsiones. El organismo operador deberá informar dónde y cuándo se distribuirá el agua, pero también garantizar que el abastecimiento provisional llegue”, afirmó Montoya Díaz.
El legislador sostuvo que la propuesta no busca impedir reparaciones o trabajos necesarios para mantener la infraestructura hidráulica, sino establecer obligaciones claras de información y atención mientras se resuelve una interrupción.
La iniciativa también contempla que, si una suspensión del servicio supera las 48 horas, el organismo operador deberá publicar un informe con información sobre las causas del corte, su duración, las zonas afectadas, el volumen de agua distribuido como suministro provisional y las acciones correctivas implementadas.
Montoya Díaz vinculó la propuesta con el escenario de disponibilidad de agua en Nuevo León. Según expuso, al 24 de septiembre las tres principales presas del estado registraban aproximadamente 30 por ciento menos almacenamiento que un año antes.
El diputado señaló que, aunque existen pronósticos favorables de lluvia para octubre y noviembre, todavía no existe certeza sobre el volumen de precipitaciones que finalmente llegará a los embalses, por lo que consideró necesario fortalecer desde ahora los mecanismos de prevención y atención ante posibles interrupciones.
La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en el Congreso del Estado antes de determinarse si las modificaciones entran en vigor.
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