La eliminación de 13 de los 14 fideicomisos en control del Poder Judicial de la Federación que aprobó ayer la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados afecta los derechos del 60 por ciento del personal operativo y compromete la implementación de compromisos del Estado mexicano, acusó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF. Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laboreales como de seguridad social: pensión , vivienda, cobertura de salud y retiro”, explicó en un comunicado.
Ayer, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma propuesta por el líder de la bancada, Ignacio Mier, para eliminar 13 de los 14 instrumentos financieros a los que tenía acceso la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los que se acumulaban más de 15 millones de pesos.
Sin embargo, con el pretexto de generar un ahorro para la Tesorería mexicana, ayer se acordó eliminar a la mayoría de ellos, sólo dejando disponible el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, el cual es manejado por el CJF, pues sería el único con sustento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En su comunicado, la SCJN acusó que además de violar lo establecido en la Constitución y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, la eliminación de los fideicomisos también supone una trasgresión a seis legislaciones más, pues estos instrumentos no constituyen prestaciones adicionales sino derechos adquiridos.
“Por ello, los recursos que integran estos fideicomisos son los que se requieren para el aseguramiento de estos derechos adquiridos, tanto en el presente como en el futuro, con base en el análisis actuariales que definen el porcentaje de participación de fideicomisos y el porcentaje de gasto corriente.
“El personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos”, subrayó.
Por el contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representada por la ministra Norma Piña Hernández, aseguró que la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, además de que en ningún caso son ocupados para el pago de prestaciones de los integrantes del Pleno.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un comunicado este miércoles donde indicó que el personal operativo del PJF es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos y recalcó que la extinción de dichas bolsas “sí limita” la operatividad del Poder Judicial y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Los recursos de los fideicomisos, asegura, se utilizan también para cumplir con obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales “como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia”.
Por esto, destaca el CJF, que la extinción de este fondo “afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano”.
Finalmente, expone que un fideicomiso más, que eventualmente desaparecerá, el 80687, se destina a proyectos de infraestructura y atiende los espacios en los que se imparte justicia y que están al servicio, no sólo de las personas trabajadoras del PJF, sino de todos los usuarios.
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