Ciudad de México.- La reforma constitucional del Poder Judicial que ya fue votada en el Congreso alcanzó la mayoría simple requerida de 18 congresos locales de los 32 estados del país para terminar el proceso legislativo, y será promulgada el próximo 15 de septiembre, día de la Independencia nacional, anunció este jueves el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Ya aprobados 18 (congresos locales), o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17 (mayoría simple de estados), todavía en el transcurso del día de hoy y mañana (por este jueves y viernes) van a haber otros”, dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.
La reforma propuesta por López Obrador al final de su mandato, como parte de un paquete de 20 reformas a la Constitución, terminó el proceso legislativo en ambas cámaras del Congreso federal el miércoles, por mayoría calificada de los diputados y senadores.
“Sería bueno pensar que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima”, agregó el gobernante.
El próximo domingo se conmemora el aniversario del “Primer grito de Independencia” de 1810, por el cura Miguel Hidalgo.
El presidente promulgará en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación el texto de los artículos y leyes que modifican las normas constitucionales del Poder Judicial.
El texto aprobado contempla como principal medida la elección por voto popular de los jueces de las máximas cortes y unos 1.600 magistrados federales.
López Obrador explicó que cuando terminen los procesos legislativos en las 32 entidades federales -donde la reforma ha sido rechazada en algunas entidades, como Querétaro- , el Congreso federal emitirá un dictamen final de aprobación legislativa.
Según las leyes mexicanas, las reformas constitucionales requieren de la aprobación de las dos cámaras del Congreso por mayoría calificada de dos terceras partes de los votos.
El proceso culmina con la ratificación por los diputados de los congresos de los 32 estados del país, donde se necesita la mitad más uno de las entidades para que sea legal y sea promulgada.
El primer estado que aprobó la reforma fue el de Oaxaca (sur), que fue convocado por el oficialismo al terminar la sesión del Senado del miércoles a las 4.00 hora local (10.00 GMT), y el proceso se consumó pocas horas después, estableciendo un récord legislativo en el país norteamericano.
Además de esa entidad, los congresos que ya aprobaron la reforma son Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.
Después de los cambios a la Constitución seguirá la redacción, discusión y aprobación de las leyes secundarias, como normas de la aplicación de ley suprema.
El mandatario agregó que el procedimiento del voto popular para elegir a los magistrados y jueces permitirá “una auténtica democracia donde el pueblo elige a sus representantes, a los servidores públicos de los tres poderes”.
El mandatario desestimó las críticas de los juzgadores que decretaron un paro nacional de labores desde hace tres semanas y acudirán a cortes internacionales para denunciar la “politización partidista de la justicia” y pérdida de la “autonomía e independencia judicial”.
López Obrador sostiene que los procedimientos anteriores para elegir a la Suprema Corte de Justicia, y a jueces federales estaban en manos de “las élites, la llamada clase política, y las oligarquías”.
“Cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado, esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa”, puntualizó.
Las siguientes reformas impulsadas por el Ejecutivo en el nuevo Congreso -que entró en funciones el 1 de septiembre, un mes antes de la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum- contemplan la abolición de las entidades autónomas del estado, incluida la autoridad electoral actual.
Entre los entes autónomos del Estado construidos en los últimos 30 años que desaparecerían y volverían al ámbito del Ejecutivo están los institutos de transparencia y acceso a la Información gubernamental, de combate a la corrupción, de competencia económica, y de telecomunicaciones, entre otros. (Sputnik)
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