Unos 400 ejidatarios de Hidalgo, Nuevo León, retomaron su exigencia para que autoridades estatales, municipales y federales reconozcan sus derechos de propiedad y los indemnicen por el uso irregular de más de 8 mil 390 hectáreas del Ejido Potrero Chico, superficie que señalan ha sido fraccionada y urbanizada durante casi tres décadas.
El representante legal del grupo, Francisco López Salinas, informó que el Tribunal Agrario ha emitido diversas sentencias que acreditan la existencia jurídica del ejido y ordenan detener la venta de nuevos lotes, además de obligar al pago de indemnizaciones por las zonas ya convertidas en colonias y predios urbanos.
Afirmó que detrás de estas operaciones existe “una mafia de bienes raíces” dedicada a comercializar terrenos sin derecho alguno, gestionando incluso servicios de agua y energía eléctrica para predios que no cuentan con autorización para urbanizarse.
López Salinas señaló que la alcaldesa de Hidalgo, Adriana Margarita Garza, continúa entregando planos y permisos para nuevas viviendas pese a las resoluciones en su contra, lo que —dijo— constituye desacato a órdenes judiciales.
Ante este escenario, los ejidatarios solicitaron la intervención del Congreso local para que se gestione ante el Gobierno del Estado y dependencias federales el reconocimiento pleno de sus derechos y el pago correspondiente. Con base en estimaciones del valor actual del suelo, la indemnización podría superar los 100 mil millones de pesos.
El abogado agregó que el senador por Nuevo León, Alberto Anaya, se comprometió a plantear el caso ante el Gobierno federal para buscar una solución legal y social al conflicto. Advirtió que más de 30 mil familias viven en incertidumbre patrimonial, ya que no cuentan con la certeza jurídica de que los terrenos donde habitan o desarrollan sus actividades les pertenezcan.
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