El diputado federal Javier Vázquez Calixto presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos y representantes populares no puedan quedar impunes con el paso del tiempo.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 109 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de declarar imprescriptibles diversos delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos y el abuso de poder.
Entre las conductas que quedarían bajo este esquema se encuentran el peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, uso ilegal de atribuciones y facultades, así como el ejercicio abusivo de funciones cuando sean cometidos por funcionarios públicos o personas encargadas de administrar recursos del erario.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, también plantea que este tipo de delitos puedan ser perseguidos de oficio, sin necesidad de denuncia formal, querella o autorización previa.
De acuerdo con el legislador del Partido del Trabajo, la intención es cerrar espacios a la impunidad y evitar que el tiempo termine favoreciendo a quienes causen daño al patrimonio público.
En la exposición de motivos, Vázquez Calixto argumentó que la corrupción ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y afectado el desarrollo democrático y económico del país, además de generar daños severos al erario.
El diputado sostuvo que la figura de la prescripción, creada originalmente para brindar seguridad jurídica, en muchos casos ha terminado convirtiéndose en un obstáculo para castigar delitos graves relacionados con recursos públicos.
Asimismo, afirmó que la reforma está alineada con compromisos internacionales asumidos por México en materia de combate a la corrupción y transparencia gubernamental.
El legislador aseguró que, de aprobarse la modificación constitucional, se establecería un nuevo estándar de responsabilidad para quienes ejerzan cargos públicos, reforzando la obligación permanente de rendir cuentas ante la sociedad.
Finalmente, señaló que cada recurso público protegido frente a actos de corrupción representa mayores posibilidades de inversión en infraestructura, servicios y programas sociales para la población.
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