Buenos Aires.- El Gobierno argentino prometió, en respuesta a una orden judicial, que ampliará en 590 millones de pesos (unos 415.000 dólares) el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para garantizar el funcionamiento de este organismo, clave para identificar a desaparecidos y a nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
“El Gobierno informó que sumará 590 millones de pesos al Banco de Datos Genéticos”, indicaron este viernes fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.
La actual administración del presidente Javier Milei informó al juez federal interviniente, Alejo Ramos Padilla, que ya inició las gestiones para reforzar el presupuesto de la institución, después de que la entidad humanitaria argentina Abuelas de Plaza de Mayo advirtiera que el Ejecutivo estaba sometiendo al BNDG a un ahogo presupuestario
En su escrito, el Gobierno sostuvo que “todos los requerimientos sobre medidas en relación a la ejecución del presupuesto que el citado Banco solicitó ante esta Secretaría fueron debidamente tramitados y conformados”.
A través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno reclamó que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 14 de mayo que lo obligaba a garantizar de manera inmediata el funcionamiento del organismo, estratégico para las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
El Ejecutivo también aprovechó para defender el manejo del presupuesto como una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y del Congreso.
En el expediente en curso, el juez había ordenado adoptar “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar las tareas del BNDG.
El magistrado consideró que estaba en riesgo la preservación de muestras biológicas, la cadena de custodia y el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la apropiación de nietos, hijos de detenidos-desaparecidos, durante el terrorismo de Estado.
La medida fue dictada a partir de un planteamiento presentado por fiscales especializados en delitos de lesa humanidad que alertaron sobre la situación crítica del organismo.
En su descripción, los representantes del Ministerio Público Fiscal observaron que la falta de presupuesto del banco ponía en peligro servicios esenciales, como limpieza, vigilancia, mantenimiento del edificio, preservación de muestras y seguridad informática.
La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, había informado el 8 de mayo que la institución ya no podía seguir tomando muestras biológicas indispensables para identificar a quienes pudieran ser hijos de desaparecidos.
Entonces la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires (este), hicieron su presentación judicial.
El Ejecutivo informó que el 19 de mayo funcionarios de la Jefatura de Gabinete y representantes del BNDG se reunieron y coincidieron en que era necesario ampliar las partidas presupuestarias originales concedidas a la entidad.
Según la presentación, “la necesidad más urgente del organismo radica en la disponibilidad de cuota de compromiso y de devengado” para afrontar deudas ya existentes y garantizar la operatoria cotidiana.
En simultáneo, la actual gestión cuestionó el diagnóstico presentado por las autoridades del Banco de Datos Genéticos y afirmó que los problemas operativos obedecían “al día de la fecha, a una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles y a la falta de impulso de sus procesos administrativos y operativos y no a una insuficiencia de crédito”.
En su presentación, el Gobierno también aseguró que no observaba “un impedimento presupuestario para la continuidad de los servicios que son indispensables para su correcto funcionamiento”.
Al pedir la suspensión de la medida cautelar, la actual gestión afirmó que la decisión judicial implicó “un alarmante avance” del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial “sobre las facultades propias y exclusivas del Poder Ejecutivo”.
Además añadió que ordenar reasignaciones presupuestarias desde los tribunales “desbarataría el sistema republicano” e “introduciría un desequilibrio en las cuentas fiscales”.
Abuelas de Plaza de Mayo denunció ante la justicia que el BNDG acusa “una situación crítica de operatividad”, y recordó que el organismo alberga más de un millar de perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
El organismo alberga en total unas 32.000 muestras de ADN, la mayoría de las cuales se relacionan con delitos de lesa humanidad y con la identificación de personas desaparecidas.
Abuelas de Plaza de Mayo recordó que el desfinanciamiento del BNDG, creado en 1987, no solo generaría un daño irreparable en la restitución de nietos que nacieron en cautiverio y fueron dados en adopción a otras familias durante la dictadura, sino que también impactaría en las nuevas búsquedas que se han incorporado en los últimos años, con la ampliación del derecho a la identidad.
La institución recordó que el banco es reconocido a nivel mundial, y que su estatuto fue modelo para la constitución de organismos similares en otros países.
En 2024, la actual gestión intentó sin éxito modificar o disolver el organismo a través de una normativa que sancionó en el Congreso para desregular la economía, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
La actual gestión luego buscó intervenir el organismo a través de un decreto de necesidad y urgencia emitido en mayo de 2025, pero la Cámara de Diputados derogó la norma en agosto de ese año y el Gobierno se vio obligado a restitir las disposiciones normativas derogadas.
Abuelas de Plaza de Mayo ya solicitó en junio a la justicia argentina que ampliase los recaudos para preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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