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Avalan nuevo filtro contra aspirantes ligados al crimen organizado; oposición acusa riesgo de control electoral

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Ciudad de México.- Entre acusaciones de riesgo de control político, advertencias sobre posibles excesos del Estado y señalamientos de “criminalización preventiva”, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, organismo que tendrá acceso a información de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para analizar perfiles de aspirantes a cargos públicos.

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue aprobada en lo general y en lo particular con modificaciones, con 271 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones, en medio de un debate que encendió nuevamente la polarización en San Lázaro.

El dictamen establece que la nueva Comisión estará integrada finalmente por tres consejeras y consejeros electorales del INE —y no cinco como originalmente se planteaba— quienes serán designados por un periodo de tres años.

La modificación fue promovida por diputados de Morena encabezados por Ricardo Monreal Ávila y presentada en tribuna por Ernesto Prieto Gallardo.

El nuevo órgano tendrá la facultad de recibir de partidos políticos y aspirantes independientes listados de candidaturas para realizar, en coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y sistema financiero, un análisis de riesgo sobre los perfiles.

Aunque Morena y aliados defendieron que el mecanismo será “voluntario” y únicamente preventivo, la oposición acusó que se abre una peligrosa puerta para presiones políticas y posibles filtros discrecionales en futuras elecciones.

Durante la discusión, Ernesto Prieto Gallardo aseguró que la reforma busca “atender una herida abierta en el corazón de la democracia” derivada de la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.

“El mecanismo no acusa, no juzga ni restringe derechos políticos”, sostuvo el legislador morenista.

Desde Morena, la diputada Julia Arcelia Olguín Serna afirmó que la intención es garantizar que quienes aspiren a cargos públicos tengan “un currículo intachable e íntegro”.

Por su parte, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del PT, rechazó que la iniciativa pretenda criminalizar candidaturas y sostuvo que el verdadero objetivo es “proteger a la política de la criminalidad”.

Sin embargo, el ambiente se tensó cuando legisladores de oposición advirtieron que la reforma podría convertirse en un instrumento político de presión bajo argumentos de seguridad o sospechas sin sentencia judicial.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, adelantó el rechazo de su bancada y acusó que la propuesta atenta contra principios democráticos fundamentales.

“Debe debatirse con detenimiento”, reclamó el priista durante la sesión.

En la misma línea, el panista Federico Döring Casar manifestó su rechazo a la reserva impulsada por Morena y cuestionó los alcances que tendría el nuevo esquema de revisión de perfiles.

Pese a las críticas, Morena defendió que la reducción de cinco a tres integrantes en la Comisión permitirá agilizar la toma de decisiones y revisar con mayor rapidez los expedientes.

Mario Miguel Carrillo Cubillas sostuvo que la medida busca hacer más eficiente el funcionamiento interno del organismo.

Mientras tanto, Gabriela Jiménez Godoy insistió en que la intención no es sustituir funciones judiciales ni perseguir políticamente a candidatos.

“No se busca criminalizar a nadie”, aseguró desde tribuna.

La reforma también establece que el INE deberá coordinarse con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y sistema financiero para emitir lineamientos relacionados con recepción, análisis y procesamiento de información sensible, además de mecanismos de protección de datos personales y confidencialidad.

Uno de los puntos que más debate generó fue precisamente el alcance que podrían tener las instituciones de seguridad en procesos político-electorales, tema que encendió alertas entre legisladores opositores durante la sesión.

Finalmente, el dictamen fue turnado al Senado de la República para continuar con su proceso constitucional, mientras el debate sobre los límites entre seguridad, política y democracia promete seguir escalando en los próximos días.

Especial-eitmedia.mx