Ciudad de México.- En medio de las críticas de oposición, especialistas y organismos que alertaron posibles riesgos de censura y discrecionalidad electoral, la Cámara de Diputados retiró del periodo extraordinario la discusión de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, iniciativa considerada clave para regular la nulidad de elecciones federales.
La decisión fue impulsada desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y respaldada por Morena, PAN, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, con el argumento de abrir un espacio de diálogo y construir mayores consensos sobre una de las reformas electorales más delicadas del actual sexenio.
El acuerdo aprobado establece que el retiro del dictamen responde a la “relevancia” del tema y a la necesidad de fortalecer el contenido de la propuesta mediante un proceso legislativo “abierto, responsable e incluyente”.
La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Magdalena Núñez Monreal, dio lectura al documento firmado por Ricardo Monreal, José Elías Lixa, Carlos Puente, Reginaldo Sandoval e Ivonne Ortega, mientras que el PRI votó en contra de posponer la discusión.
La reforma buscaba establecer las reglas secundarias para aplicar las nuevas causales de nulidad electoral derivadas de la reciente modificación constitucional, particularmente en temas relacionados con presunta injerencia extranjera, propaganda y posibles violaciones durante campañas.
Ricardo Monreal reconoció que Morena y sus aliados tenían los votos suficientes para aprobar la reforma secundaria de inmediato; sin embargo, admitió que el tema generó preocupación pública por posibles interpretaciones que pudieran derivar en restricciones a la libertad de expresión o uso político de denuncias digitales.
“Es tan importante esta ley que requiere del mayor consenso”, expresó Monreal al justificar la decisión de aplazar el debate.
El coordinador de Morena insistió en que como constitucionalista considera incorrecto aprobar simultáneamente la reforma constitucional y su legislación secundaria, por lo que sostuvo que primero debe concluir el proceso constitucional antes de entrar a la regulación reglamentaria.
“Quiero que se elimine y se erradique totalmente la denuncia de censura o la denuncia de que pudiera, con un simple Twitter, artículo o entrevista, ser motivo de anulación”, declaró el legislador.
El dictamen pretendía convertirse en la base legal que permitiría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplicar sanciones de nulidad en futuras elecciones federales cuando existiera intervención extranjera o conductas consideradas ilegales durante campañas.
Monreal explicó que, aunque la reforma constitucional ya fue aprobada, la nulidad de elecciones no podrá aplicarse jurídicamente hasta que exista una ley reglamentaria que defina con precisión conceptos como “injerencia”, “intervención extranjera”, tipos de pruebas y acreditación de conductas.
“Todo eso viene en la norma secundaria”, señaló.
El líder parlamentario de Morena también reconoció que si la ley secundaria no se aprueba en este periodo extraordinario, ya no alcanzaría a entrar en vigor para las elecciones de 2027 debido a los tiempos de veda legislativa en materia electoral.
Ante ello, planteó dos escenarios: convocar a un nuevo periodo extraordinario o trasladar la discusión hasta septiembre durante el siguiente periodo ordinario.
Aunque Monreal aseguró que la reforma ya cuenta con respaldo del PVEM y PT, admitió que aún busca convencer a PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para construir una aprobación más amplia y evitar futuras impugnaciones políticas o judiciales.
La pausa legislativa ocurre en un contexto donde distintas voces de oposición, analistas y organizaciones civiles habían comenzado a advertir que la redacción de la iniciativa podría abrir la puerta a interpretaciones ambiguas sobre propaganda, redes sociales, entrevistas o publicaciones periodísticas durante procesos electorales.
Por ahora, la reforma constitucional permanece vigente; sin embargo, sin la legislación secundaria no existirán mecanismos legales específicos para aplicar sanciones de nulidad electoral derivadas de las nuevas disposiciones constitucionales.
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