La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aceleró las investigaciones relacionadas con los juicios políticos promovidos contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, luego de enviar 59 oficios a dependencias estatales, organismos electorales y autoridades jurisdiccionales para recabar información y pruebas sobre tres expedientes abiertos contra el mandatario estatal.
La presidenta de la Comisión, Armida Serrato Flores, informó que las solicitudes derivan de los acuerdos aprobados el pasado 21 de mayo y forman parte de las diligencias contempladas dentro de la Ley de Juicio Político del Estado.
“Ya se remitieron los oficios correspondientes que aprobó la Comisión Anticorrupción respecto a los tres acuerdos para iniciar juicios políticos al Ejecutivo Estatal”, declaró la legisladora.
Serrato Flores señaló que, aunque algunas dependencias mostraron resistencia para recibir la documentación, finalmente la mayoría aceptó los requerimientos enviados por el Poder Legislativo.
“A pesar de que hubo resistencia por parte de los secretarios de recibir la información, todas las dependencias recibieron la totalidad de los oficios”, sostuvo.
La diputada explicó que las autoridades requeridas tendrán un plazo de seis días hábiles para entregar la información solicitada, tras lo cual la Comisión elaborará un informe previo que permita fortalecer las investigaciones y eventualmente presentar un dictamen final ante el Pleno del Congreso.
Los expedientes abiertos contra Samuel García abarcan distintos señalamientos relacionados con presuntas faltas electorales y omisiones administrativas.
Uno de los casos se encuentra vinculado con resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se determinó una posible intervención indebida del gobernador en la elección al Senado de la República de 2024 para favorecer a una fórmula ligada a Movimiento Ciudadano.
Otro expediente está relacionado con presuntas violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante la contienda presidencial, debido a expresiones y acciones atribuidas al mandatario estatal en apoyo al entonces candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.
Asimismo, la Comisión Anticorrupción mantiene abierta una investigación por la presunta omisión del Ejecutivo estatal en la publicación de decretos y acuerdos aprobados por el Congreso local, asunto que incluso derivó en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Poder Legislativo.
Entre las dependencias y organismos requeridos se encuentran diversas secretarías estatales, la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También se solicitó información a áreas de Comunicación Social del Gobierno estatal y dependencias relacionadas con asuntos jurídicos y administrativos.
Los requerimientos incluyen expedientes, dictámenes, informes y documentación vinculada con procedimientos sancionadores electorales, controversias constitucionales y presuntas omisiones administrativas.
Los expedientes legislativos actualmente en investigación corresponden a los números 18849/LXXVII, 18859/LXXVII y 16283/LXXVII.
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