El Congreso de Nuevo León dio un nuevo paso para endurecer las medidas contra quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias, luego de aprobar reformas para fortalecer el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias y establecer mayores restricciones administrativas para los deudores.
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, aseguró que las modificaciones representan un mensaje directo para quienes evaden sus responsabilidades familiares.
“Estamos enviando un mensaje claro: en Nuevo León habrá consecuencias para quienes decidan no cumplir con sus obligaciones alimentarias. La protección de la niñez debe estar por encima de cualquier interés”, declaró la legisladora.
Dentro del dictamen aprobado se integró una iniciativa impulsada por Movimiento Ciudadano para establecer como requisito, al momento de tramitar una licencia de conducir, no aparecer inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias o demostrar que se está cumpliendo con dichas responsabilidades.
Con ello, el Congreso busca aumentar la presión sobre los deudores alimentarios mediante restricciones en distintos procedimientos administrativos.
Sandra Pámanes sostuvo que incumplir deliberadamente con la manutención de hijas e hijos no solo afecta económicamente a las familias, sino que vulnera derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.
“Cuando una persona incumple deliberadamente con esta obligación, no solo afecta a su familia, sino que vulnera derechos humanos fundamentales y debe haber consecuencias reales”, expresó.
La legisladora destacó que el tema de las pensiones alimenticias no debe limitarse únicamente al aspecto económico, sino entenderse como una garantía para el acceso a derechos básicos como alimentación, salud, educación y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, señaló que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de asumir posturas firmes frente a problemáticas que impactan directamente a las familias.
Las reformas aprobadas forman parte de los esfuerzos que actualmente impulsan distintos congresos estatales del país para endurecer sanciones y restricciones contra deudores alimentarios, particularmente en trámites oficiales y acceso a servicios administrativos.
Con estas modificaciones, Nuevo León se suma a las entidades que buscan fortalecer los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y reforzar la protección de la niñez.
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