La exposición al plomo y a otros contaminantes ambientales representa un riesgo que puede dejar consecuencias permanentes durante la infancia, por lo que la diputada federal Ana González González, del PRI, propuso modificar la Ley General de Salud para fortalecer las acciones de prevención, detección y atención entre niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa plantea ampliar las obligaciones de las autoridades sanitarias para identificar oportunamente los casos de exposición al plomo, particularmente entre menores y otros grupos considerados vulnerables.
De acuerdo con la legisladora, la intoxicación por este metal constituye un problema de salud pública en México y puede provocar afectaciones neurológicas, dificultades de aprendizaje, reducción del coeficiente intelectual, así como daños cardiovasculares y renales.
El proyecto busca que las escuelas ubicadas en zonas industriales o consideradas de riesgo cuenten con monitoreos ambientales periódicos que permitan detectar la presencia de plomo y otros metales pesados.
La propuesta también contempla establecer protocolos nacionales para responder de manera inmediata cuando se detecten casos de intoxicación, con el propósito de evitar que la exposición continúe y reducir sus posibles consecuencias.
Otro de los puntos planteados es ampliar las acciones de detección mediante pruebas dirigidas a niñas y niños menores de seis años, mujeres embarazadas y personas que habiten en zonas identificadas como de riesgo.
La iniciativa pretende además fortalecer la coordinación entre las autoridades de salud, educativas y ambientales, de manera que la atención de estos casos no quede limitada a una sola dependencia.
Entre las nuevas responsabilidades que se plantean para la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales está la elaboración de programas específicos para atender los efectos derivados de la exposición al plomo y otros contaminantes, además de mantener una vigilancia epidemiológica permanente.
El objetivo, explicó González González, es que la detección pueda realizarse antes de que la exposición genere consecuencias de mayor gravedad y que las autoridades cuenten con información suficiente para identificar las zonas donde exista un mayor riesgo para la población.
La legisladora sostuvo que la protección de la infancia debe considerar también las condiciones ambientales en las que niñas, niños y adolescentes estudian, viven y se desarrollan.
Por ello, la reforma busca establecer mayores medidas de prevención y vigilancia para que los menores puedan crecer en espacios seguros y saludables, bajo el principio del interés superior de la niñez.
La propuesta coloca así en el centro del debate legislativo un problema ambiental y sanitario que puede afectar el desarrollo de las nuevas generaciones, particularmente en comunidades cercanas a actividades industriales o lugares donde exista presencia de contaminantes.
De avanzar la reforma, las autoridades tendrían que fortalecer los mecanismos de vigilancia, detección y respuesta frente a la exposición al plomo, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad.
