El exsecretario de Marina fue requerido como testigo en el proceso contra Fernando Farías Laguna. La defensa asegura que entregó a la Fiscalía un domicilio para ubicarlo, pero la notificación no pudo concretarse.
El caso del huachicol fiscal comienza a tocar una de las figuras que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador estuvo en la primera línea del poder: el almirante en retiro Rafael Ojeda Durán.
El exsecretario de Marina fue requerido como testigo por una jueza federal dentro del proceso penal que enfrenta el excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República como presunto integrante de una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos a través de aduanas marítimas.
La diligencia, sin embargo, no pudo concretarse.
La defensa de Farías solicitó que Ojeda compareciera y la jueza Alejandra Ramírez de la Vega giró el citatorio correspondiente para que acudiera a la audiencia del 26 de agosto. La FGR recibió la encomienda de localizarlo y hacerle llegar la notificación, pero, de acuerdo con lo declarado por el abogado Epigmenio Mendieta, los agentes no lograron ubicarlo.
El dato resulta particularmente llamativo porque, según la defensa, incluso se proporcionó información sobre el domicilio actual del exsecretario de Marina.
Mendieta sostuvo que la presencia de Ojeda era relevante para la estrategia jurídica de su representado y que su eventual declaración podría aportar elementos para cuestionar la dimensión de las acusaciones formuladas contra Fernando Farías.
La defensa busca plantear una interrogante de fondo: si la operación investigada involucraba movimientos de combustible, instalaciones portuarias, aduanas marítimas y distintas áreas de la administración pública, difícilmente —según su argumento— podría explicarse únicamente a partir de las decisiones de dos mandos navales.
Ese planteamiento coloca nuevamente bajo atención la relación entre los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna y Rafael Ojeda, quien es su tío político.
La relación familiar es un hecho, pero cualquier señalamiento sobre una eventual protección o encubrimiento por parte de Ojeda debe mantenerse en el terreno de las acusaciones y no presentarse como una responsabilidad ya acreditada judicialmente.
Hasta ahora, Ojeda fue requerido en este procedimiento en calidad de testigo, no como acusado.
La defensa también ha intentado anteriormente obtener respuestas del exsecretario de Marina sobre lo relacionado con sus sobrinos políticos. Ahora, la posibilidad de que declare ante una autoridad judicial adquiere mayor relevancia porque la investigación ya ha colocado bajo escrutinio las estructuras navales y aduaneras relacionadas con el presunto tráfico ilegal de combustibles.
Las audiencias de imputación y vinculación a proceso de Farías fueron realizadas de manera privada. De acuerdo con la versión del abogado defensor, la posible presencia de Ojeda fue uno de los elementos tomados en cuenta para mantener bajo reserva el procedimiento. La audiencia de vinculación se prolongó durante varios días y finalmente el jueves 27 de agosto la jueza determinó vincular a proceso a Fernando Farías.
El excontralmirante permanecerá sujeto al proceso mientras continúa la investigación federal sobre los hechos que se le atribuyen.
Pero el episodio de Ojeda abre un capítulo adicional.
La pregunta ya no se limita a determinar quiénes participaron directamente en las operaciones investigadas. También comienza a cobrar importancia establecer qué funcionarios conocieron la existencia de esas actividades, qué información recibieron y qué capacidad tenían para intervenir.
En ese contexto, el testimonio de quien encabezó la Secretaría de Marina durante buena parte del periodo en el que se desarrollaron los hechos investigados podría tener un peso considerable para la defensa.
Por ahora, sin embargo, existe una cuestión inmediata que permanece sin respuesta pública: por qué la Fiscalía General de la República no pudo localizar a un exfuncionario de tan alto nivel, aun cuando —según la defensa— contaba con información sobre su domicilio.
La FGR tendrá que explicar, en su caso, qué diligencias realizó para cumplir con la orden judicial.
Porque en una investigación que pretende llegar al fondo de una presunta red de huachicol fiscal, la ausencia de un testigo solicitado por la propia autoridad judicial no es un detalle menor.
Y menos cuando ese testigo fue, durante años, uno de los hombres con mayor responsabilidad sobre la institución desde la cual surgieron algunos de los protagonistas de esta investigación.
El caso Farías ya no solamente está poniendo a prueba a quienes son señalados directamente por el presunto contrabando de combustibles. También está obligando a revisar qué ocurrió dentro de las estructuras de poder que tenían la responsabilidad de vigilar las operaciones marítimas y aduaneras.
Ahora queda por saber si Rafael Ojeda finalmente será localizado, si podrá comparecer ante la autoridad judicial y, sobre todo, qué estará dispuesto a explicar sobre un caso que involucra a dos de sus sobrinos políticos y que amenaza con convertirse en una de las investigaciones de corrupción más delicadas relacionadas con la estructura naval de los últimos años.
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