La iniciativa presentada por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra busca incorporar este delito al Código Penal Federal y aplicar sanciones más severas cuando sea cometido por especialistas en informática o telemática
La usurpación de identidad podría convertirse en un delito sancionado de manera uniforme en todo México si prospera una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, que plantea castigos de hasta 10 años de prisión para quienes utilicen datos personales de otra persona con fines ilícitos.
La propuesta, impulsada por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Partido del Trabajo, plantea incorporar al Código Penal Federal un capítulo específico denominado “Usurpación de identidad”, con el propósito de establecer por primera vez una regulación federal sobre esta conducta.
El proyecto contempla una pena de dos a 10 años de prisión y hasta 400 días multa para quien, mediante cualquier mecanismo, consiga información personal de un tercero con la intención de hacerse pasar por él, obtener algún beneficio o utilizar su identidad para cometer otro delito.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y plantea que las sanciones aumenten hasta en 50 por ciento cuando el responsable cuente con una licenciatura, ingeniería u otro grado académico relacionado con informática o telemática.
Además de la pena de prisión, en estos casos se propone suspender el derecho de ejercer la actividad profesional durante un periodo de uno a cinco años.
El planteamiento legislativo parte de una problemática que ha adquirido nuevas dimensiones con la expansión de las actividades digitales. La identidad de una persona puede ser utilizada para obtener créditos, acceder a cuentas, cometer fraudes, engañar a familiares o incluso realizar otras actividades delictivas bajo el nombre de la víctima.
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que actualmente no existe una legislación federal que tipifique específicamente la usurpación de identidad, mientras que únicamente 16 entidades federativas cuentan con disposiciones para sancionarla, aunque bajo diferentes ordenamientos y criterios.
Para la legisladora, esta disparidad genera un escenario en el que una misma conducta puede recibir tratamientos distintos dependiendo del estado donde ocurra, por lo que busca establecer un criterio nacional y sanciones homogéneas.
El problema tampoco se limita a la pérdida económica. La iniciativa advierte que quienes obtienen información personal pueden acceder a datos privados de sus víctimas y utilizar esa información para ampliar sus actividades ilícitas.
Las redes sociales, cuentas bancarias, llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería se han convertido en algunos de los principales espacios utilizados para este tipo de engaños.
Entre los mecanismos señalados se encuentra el robo de cuentas de WhatsApp. En esta modalidad, el delincuente consigue que la víctima proporcione un código de activación o utiliza distintos métodos para obtenerlo y posteriormente registra la cuenta en otro dispositivo.
Una vez que obtiene el control, puede hacerse pasar por la persona afectada, contactar a sus familiares o conocidos y solicitarles dinero, información o realizar otras acciones fraudulentas.
El sector financiero también representa uno de los principales objetivos. Los ciberdelincuentes recurren a llamadas, mensajes, redes sociales y otros mecanismos de ingeniería social para convencer a los usuarios de entregar información bancaria.
Con esos datos pueden intentar ingresar a cuentas, realizar operaciones no autorizadas o utilizar la identidad de la víctima para concretar fraudes.
La propuesta advierte que el crecimiento de la vida digital ha multiplicado las oportunidades para este tipo de delitos. Comprar productos, estudiar, trabajar, comunicarse, utilizar redes sociales, realizar operaciones financieras y acceder a servicios públicos son actividades que cada vez dependen más de plataformas digitales.
Esa transformación también ha ampliado el campo de acción de organizaciones criminales y delincuentes que buscan aprovechar las vulnerabilidades de los usuarios.
Elizondo Guerra sostiene que la respuesta no debe limitarse al desarrollo tecnológico, sino que debe estar acompañada de mecanismos de protección que permitan a los ciudadanos utilizar las herramientas digitales con mayor seguridad.
El objetivo de la iniciativa será ahora materia de discusión legislativa. De avanzar, el Código Penal Federal establecería una definición específica de usurpación de identidad y un esquema de sanciones aplicable en todo el país.
La propuesta coloca nuevamente sobre la mesa uno de los retos de la transformación digital en México: proteger no solamente el dinero de los usuarios, sino también la información que permite acreditar quiénes son en el mundo físico y digital.
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