El diputado federal Carmelo Cruz Mendoza, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal y establecer que las personas privadas de la libertad deban realizar trabajos en beneficio de la comunidad o del Estado, bajo autorización del juez de ejecución de la pena y con actividades acordes con su perfil, grado de peligrosidad y respeto a los derechos humanos.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 11, 91 y 92 de dicha legislación, con el propósito de incorporar el trabajo productivo o en beneficio de la comunidad y del Estado entre las obligaciones de las personas recluidas en centros penitenciarios. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
En la exposición de motivos, el legislador argumenta que el mantenimiento de las personas privadas de la libertad representa un gasto para el Estado y los contribuyentes, por lo que considera necesario establecer mecanismos para que quienes cumplen una sentencia contribuyan mediante actividades productivas.
El documento plantea aprovechar la capacidad laboral de la población penitenciaria como una forma de retribución social, sin dejar de lado el objetivo de reinserción que establece el sistema jurídico mexicano.
Actualmente, el modelo constitucional de reinserción social contempla cinco ejes: trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Estas herramientas buscan favorecer el desarrollo de habilidades y facilitar que las personas sentenciadas puedan reincorporarse a la sociedad y evitar la reincidencia delictiva.
La iniciativa también expone los costos que implica el funcionamiento de los centros penitenciarios. De acuerdo con las cifras citadas por el diputado, mantener a una persona interna en penales estatales y tradicionales puede representar entre 200 y 600 pesos diarios, equivalentes a entre seis mil y 18 mil pesos mensuales.
En instalaciones federales o de máxima seguridad, el gasto puede alcanzar entre tres mil y seis mil pesos diarios por persona, según las estimaciones incluidas en el documento, debido a los requerimientos de vigilancia, operación y mantenimiento, así como a los esquemas de contratación correspondientes.
Respecto al presupuesto federal para 2026, la propuesta refiere una asignación de 26 mil 789.8 millones de pesos para el sistema penitenciario federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos recursos se destinan principalmente a cubrir nóminas, alimentación, vigilancia, mantenimiento y operación de los centros de reclusión.
Cruz Mendoza sostiene que es necesario actualizar el marco jurídico para establecer el trabajo obligatorio en los centros penitenciarios, de manera que las actividades realizadas por las personas internas puedan contribuir a la comunidad o al Estado.
La iniciativa deberá ser revisada por la Comisión de Justicia, donde se analizará su viabilidad jurídica y los alcances de las modificaciones propuestas. Por ahora, se trata de una propuesta legislativa y no de una disposición vigente.
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