Javier Caballero y Héctor Morales impulsan reformas para mantener a la plantilla de AyD bajo el Apartado A y proteger pensiones, prestaciones y contrato colectivo
El Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León busca cerrar cualquier posibilidad de que los trabajadores de Agua y Drenaje de Monterrey sean trasladados del Apartado A al Apartado B de la legislación laboral, ante el temor de que un cambio de régimen termine afectando sus pensiones, prestaciones y contrato colectivo.
Los diputados Javier Caballero Gaona y Héctor Morales Rivera presentaron una iniciativa para modificar la legislación estatal y dejar establecido que las relaciones laborales de los empleados de la paraestatal deben mantenerse bajo el Apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.
Caballero Gaona, quien representa al Congreso local ante el Consejo de Agua y Drenaje, explicó que la propuesta responde a la preocupación que trabajadores de la empresa han expresado ante la posibilidad de una modificación en su régimen laboral.
El legislador sostuvo que el objetivo no es crear nuevos beneficios, sino dar certeza jurídica a derechos que actualmente tienen los trabajadores.
“Lo que estamos haciendo con esta iniciativa es blindar lo que ya se tiene”, señaló.
La propuesta contempla incorporar un artículo 9 Bis a la Ley que crea Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con el propósito de establecer expresamente que las relaciones individuales y colectivas de trabajo se sujeten al Apartado A del artículo 123 de la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo.
Morales Rivera explicó que históricamente los empleados de Agua y Drenaje han estado sujetos al Apartado A, cuentan con afiliación al Seguro Social y mantienen un contrato colectivo de trabajo.
El riesgo, advirtió, estaría en que un eventual traslado al Apartado B pudiera modificar las condiciones actuales y abrir la puerta a una renegociación de prestaciones.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con las pensiones. Actualmente, los trabajadores cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que cualquier modificación en el régimen laboral podría tener consecuencias sobre su esquema de seguridad social.
“Queremos que esa área gris que existe en la actual legislación que rige las relaciones de los trabajadores con la empresa, no esté en una zona gris como actualmente existe”, planteó Morales Rivera.
La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León.
Los priistas proponen incorporar un artículo 15 Bis para establecer que cualquier proceso de coordinación, transferencia, concesión, reorganización o modificación en la forma de prestar los servicios en el que participe Agua y Drenaje deberá respetar tanto su legislación de origen como el régimen laboral y los instrumentos colectivos vigentes.
El planteamiento busca que una eventual transformación de la paraestatal no pueda traducirse automáticamente en un cambio de las condiciones laborales de sus empleados.
Caballero Gaona señaló que cerca de 7 mil trabajadores, además de sus familias, podrían verse involucrados ante una eventual modificación de sus condiciones laborales, por lo que aseguró que el PRI mantendrá la defensa de sus derechos.
La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por el legislador en torno a las condiciones laborales y de retiro de los trabajadores de Agua y Drenaje.
El pasado 7 de agosto, Caballero Gaona promovió un exhorto dirigido a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que se impulse una reforma al artículo 127 de la Constitución federal, relacionada con la determinación del monto de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la paraestatal.
Con la nueva propuesta, el PRI busca que la protección del régimen laboral quede expresamente establecida en la legislación estatal y que cualquier modificación futura en la estructura o prestación de los servicios de Agua y Drenaje tenga como límite el respeto a los derechos adquiridos por su plantilla.
El debate, por ahora, queda en manos del Congreso local, donde deberá analizarse el alcance jurídico de las modificaciones planteadas y sus implicaciones para la empresa y sus trabajadores.
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